El ex ministro de Economía de Aznar y ex director del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato, ha sido condenado a casi 5 años de prisión por varios delitos fiscales.
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al ex ministro 'popular' a 4 años y 9 meses de prisión por 3 delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción.
La instrucción del caso comenzó en 2015 y debido a una serie de dilaciones indebidas que ha apreciado el tribunal, el ex político ha tenido una condena más baja.
Además de la pena de cárcel, Rato ha sido condenado a multas por un total de más de 2 millones de euros y deberá abonar a la Hacienda Pública la cantidad de 568.413 euros, según se recoge en la sentencia.
Millones de euros defraudados
Todo comenzó cuando se conoció que el ex ministro se acogió a la amnistía fiscal de 2012 e intentó utilizarla como fórmula para blanquear dinero.
Rato habría defraudado al fisco presuntamente 8,5 millones de euros. El ex ministro habría mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda Pública a través de diversas sociedades con las que habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante cuentas bancarias en Bahamas, Suiza, Mónaco, Luxemburgo y Reino Unido, entre otros lugares.
La Fiscalía detectó incrementos patrimoniales no justificados entre 2005 y 2015 por un importe total de 15,6 millones de euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior tampoco declarados a Hacienda.
Toda la documentación recopilada junto con los informes de la Fiscalía Anticorrupción y de Hacienda, revelaron que las cuotas defraudadas eran de 7,4 millones.
Absueltos
El Tribunal absuelve, sin embargo, al resto de los acusados por este delito, tanto a los empleados de Publicis y Zenith y a estas sociedades, como a Teresa A. o José Manuel F.N., personas de confianza de Rodrigo Rato que trabajaban en Bankia, por entender que los mismos no participaron en el acto corrupto.
Resultan también absueltos Santiago A., respecto del delito de blanqueo de capitales del que se le acusaba, Ramiro S.L., quien lo estaba en relación con el contrato de Telefónica, sin que se declare por lo tanto la responsabilidad civil de esta entidad, y Miguel Ángel M. por entender que no tuvo participación en el delito de corrupción entre particulares, y que no podía ser acusado de ningún delito fiscal, al no haber sido investigado por los mismos durante la instrucción de la causa, estimándose, por ello, la cuestión previa planteada por su defensa, así como a Plazas Abogados, por no considerar acreditada su participación en los hechos enjuiciados.
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