Naciones Unidas (ONU) ha emitido un contundente informe sobre la importancia de no olvidar el pasado y la memoria histórica. Así, en un informe redactado por 3 relatores especiales de la ONU para los Derechos Humanos, se aborda la controvertida cuestión de las denominadas "leyes de concordia" implementadas por los gobiernos de PP y Vox en 3 comunidades autónomas: Aragón, Castilla y León, y la Comunidad Valenciana.
Estas leyes, que generaron controversia desde su impulso por parte de los partidos de derecha y extrema derecha, fueron objeto de recurso por parte del Gobierno central.
Uno de los argumentos presentados por el Ejecutivo ante instancias internacionales fue ante la ONU, y ahora, 3 relatores especiales de dicha organización han emitido un pronunciamiento conjunto que critica duramente estas normativas, las cuales, según ellos, socavan los principios básicos establecidos en la ley de memoria histórica a nivel estatal.
Las leyes promovidas por PP y Vox
El informe, compuesto por 8 páginas, analiza detalladamente las leyes promovidas por PP y Vox, señalando que estas silencian las violaciones graves de los derechos humanos, evitan hacer referencia o condenar la dictadura franquista y su responsabilidad en los crímenes cometidos, y alertan sobre la eliminación de subvenciones, entidades o proyectos que obstaculizan el derecho de las víctimas y de la sociedad a conocer la verdad y buscar a los miles de desaparecidos en fosas comunes.
Entre las afirmaciones contenidas en el informe de la ONU, se destacan expresiones que denuncian la "falta de respeto" a los estándares internacionales, la invisibilización de las víctimas y la omisión de las graves violaciones de los derechos humanos perpetradas por el régimen franquista. Asimismo, se insta a la adopción de medidas legales que salvaguarden la memoria histórica y garanticen el estricto respeto a los derechos humanos.
Desapariciones forzosas
La ONU enfatiza en múltiples ocasiones la gravedad de no brindar garantías para esclarecer las desapariciones forzosas, y en el caso de la Comunidad Valenciana, considera que distorsiona la memoria al ampliar el ámbito de aplicación de la ley a las víctimas del terrorismo de ETA e islámico.
El informe exige la adopción de medidas para garantizar el estricto respeto a los estándares internacionales de los derechos humanos, recordando que la preservación de la memoria es crucial para prevenir la repetición de la violencia pasada y para contrarrestar las corrientes revisionistas o negacionistas.
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