Puigdemont consideró un “abuso” que se persiga de forma contable a los responsables de la consulta soberanista del 9-N: Artur Mas y a los exconsellers Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega. Se refería así al estudio del Tribunal de Cuentas que pretende decidir si debe o no pasar la factura de los cinco millones que costó el 9-N a sus precursores políticos.
"¿Montoro responderá con su patrimonio personal? ¿Los señores del Gobierno español responderán con su patrimonio personal por todo aquel dinero que se ha dejado de ingresar por culpa de una amnistía fiscal ilegal?", se ha preguntado en relación a la polémica medida que fue tumbada por el Tribunal Constitucional.
Precisamente la hipotética responsabilidad económica que pudiera derivarse de la organización del referéndum independentista fue uno de los motivos que más división generó entre los miembros del Govern que no querían ver afectado su patrimonio personal por sus actuaciones políticas.
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