La presidenta de Baleares, la 'popular' Marga Prohens, comparece este lunes ante la comisión del Congreso que investiga los contratos de emergencia para la compra de material sanitario en pandemia firmados por el anterior Ejecutivo de la comunidad autónoma.
De esta forma, la comisión continuará con sus pesquisas sobre la vertiente balear del 'caso Koldo', tras interrogar el pasado 13 de mayo a la anterior mandataria autonómica, la socialista Francina Armengol, y 2 ex cargos de su Ejecutivo.
Este lunes han comparecido su consejera de Presidencia, Antonia María Estalleras, y el director del Servicio autonómico de Salud, Javier Ureña. El primero en comparecer, en sesión matutina, ha sido Ureña y ya por la tarde se ha sometido a las preguntas de los comisionados, la consejera.
A la espera del turno de Prohens, sus altos cargos han respondido a preguntas sobre el expediente de reclamación presentado contra Soluciones de Gestión por parte del anterior Ejecutivo balear, quien inició un procedimiento para reclamar a la empresa de la trama Koldo 2,6 millones de los 3,7 que pagó por sus mascarillas al haber recibido material de inferior calidad al que compraron, pero ahora el Ejecutivo 'popular' ha presentado una nueva reclamación por la totalidad el dinero abonado en 2020.
Urueña defiende anular el contrato de Koldo
El director general del Servicio de Salud de Baleares (IbSalut) ha defendido este lunes su apuesta por la anulación del contrato de 3,7 millones que pagó el Govern de Armengol a Soluciones de Gestión, la empresa de la 'trama Koldo', por el millón y medio de mascarillas que le compró en 2020 y ha apuntado que los propios ex altos cargos del anterior ejecutivo socialistas están dejando "sin sentido" la primera reclamación parcial que presentaron y de la que el equipo de Prohens decidió desistir.
Así lo ha dicho durante su intervención inicial ante la comisión del Congreso. Ureña ha explicado que durante el traspaso de poderes tras la llegada del PP al Gobierno autonómico en 2023, nadie les informó de que se había abierto un expediente para reclamar a Soluciones de Gestión 2,6 millones de euros por haber recibido mascarillas de inferior calidad a las que se contrataron, pues se habían pedido FFP2, pero les mandaron KN95, que consideraron "equivalentes a quirúrgicas".
"En agosto de 2023 nos encontramos con una situación de herencia envenenanda, que estaba oculta, escondida en un cajón", ha señalado, subrayando que el Govern socialista no les informó de ese expediente ni del certificado de conformidad que en agosto de 2020 dio por bueno el contrato.
Esos 2,6 millones que se reclamaron en un principio eran la diferencia entre lo que costaban las mascarillas que se pidieron y las que les llegaron. Ureña ha defendido que, en contra de lo que sostiene el PSOE, su equipo no dejó "caducar" aquel primer expediente, sino que decidió "desistir" del mismo para iniciar uno nuevo por el total de los 3,7 millones que pagó por todas las mascarillas.
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