Los grupos parlamentarios van a tener que pronunciarse de forma clara esta semana sobre si permiten o no al Gobierno no presentar unos presupuestos para 2025. El PP está buscando poder presionar al Ejecutivo con este asunto y va a plantear este martes al Pleno del Senado una moción que solicita al gabinete de Pedro Sánchez a "cumplir con su obligación constitucional de presentar el Proyecto de Presupuestos para este año".
La iniciativa va a ser aprobada sin dudas, gracias a la mayoría absoluta de los populares, pero el meyor interés de la votación está en ver que votan los socios del Gobierno que cuentan con representación en la Cámara Alta, en este caso, ERC, Junts, Bildu, PNV y algunos de los partidos que integran la coalición Sumar, que van a tener que emitir su veredicto. Desde el gabinete de Sánchez ya han dejado claro que, sin contar con los apoyos necesarios, registrar las cuentas solo haría "hacer perder el tiempo al Congreso". De esa manera, apuestan por una prórroga y comenzar a megociar para el texto de 2026.
La moción que se tiene que someter a referéndum asegura que la presentación del Proyecto de Presupuestos no es "una mera recomendación o sugerencia, sino una obligación constitucional" y que, de esta manera, se trata de un "deber inexcusable" del Gobierno. En el texto, los populares advierten a Sánchez que él mismo demandaba a Mariano Rajoy que registrara sus cuentas por "obligación constitucional".
En opinión del principal partido de la oposición, no saber cuál es el plan presupuestario del Ejecutivo "genera inestabilidad, impide una gestión eficaz de los recursos públicos y dificulta la ejecución de programas estratégicos".
"Ley principal de un Gobierno"
Los presupuestos, de acuerdo con los populares, son "la ley principal de un Gobierno" y la herramienta "mediante la cual un Ejecutivo expresa su hoja de ruta y su compromiso con la rendición de cuentas".
Por ello, se muestran muy críticos con el Gobierno por incumplir la Constitución al no presentarlos, una situación que "resalta la falta de proyecto político" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y trae "un grave menoscabo de la función parlamentaria de control y del derecho de los ciudadanos a conocer y valorar el rumbo económico del país", advierten desde Génova.
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