EL Consejo de Ministros ha aprobado ya el Plan de Acción por la Democracia, la hoja de ruta que adelantó Pedro Sánchez tras los días de reflexión que se tomó hace unos meses.
Un plan de regeneración que, como objetivo principal, busca combatir mejor los bulos en prensa y mejorar la transparencia de los medios de comunicación así como eliminar sus corruptelas internas.
En la época de la inmediatez cualquier información publicada se viraliza rápidamente, sin contrastar en muchas ocasiones o a sabiendas de que es falsa, pero se asienta. Un arma más poderosa de lo que parece y por lo que el Gobierno ha decidido tomar cartas en el asunto. Aunque el plan también va dirigido a la clase política, para reforzar la transparencia y las buenas prácticas.
El Plan de Acción por la Democracia se concreta en 31 medidas que abordan desde la rendición de cuentas obligatoria para conocer cómo se cumplen los programas de Gobierno y reforzar la lucha contra la corrupción contemplada en la Ley 2/2023, de 20 de febrero; a la reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales.
Este plan sigue los objetivos de la iniciativa aprobada por la Comisión Europea, el Plan de Acción para la Democracia Europea (Democracy Action Plan).
El Ejecutivo ha explicado que se desarrolla sobre 3 ejes de actuación: poder ejecutivo y gobierno abierto; medios de comunicación y garantía del derecho de los ciudadanos a una información veraz; y poder legislativo, que a su vez se materializan en 11 líneas de actuación y 31 medidas, en un ejercicio de transversalidad y con la intención de apuntalar las instituciones clave del Estado de Derecho.
Principales medidas del plan
De cara a fortalecer la transparencia, pluralidad y responsabilidad de nuestro ecosistema informativo, el plan contempla la adaptación de la normativa española para cumplir las disposiciones del Reglamento de Libertad de Medios de Comunicación, aprobado por el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo.
Para el Gobierno esto implica la fijación de nuevos estándares de transparencia de los medios de comunicación mediante la creación de un registro en el que se disponga de información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben. Asimismo, se reformará la ley de publicidad institucional para introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación.
En aras de establecer mayores garantías de la independencia de los medios de comunicación, se impulsará la ley de secreto profesional de los periodistas como garantía jurídica para la protección de fuentes y la transposición directiva anti SLAPP para la protección de los periodistas contra demandas planteadas con el único fin de intimidarles en el ejercicio de sus funciones.
Asimismo, se aprobará una Estrategia Nacional de lucha contra campañas de desinformación y se reformará la Ley Orgánica 1 del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y de la Ley reguladora del derecho de rectificación, para mejorar el sistema con el que instar y lograr la rectificación de noticias falsas o abiertamente tendenciosas, con indemnizaciones y plazos adecuados.
Los debates electorales serán obligatorios
Y en el plano más político, se va a reformar también la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para establecer la obligación de celebrar debates electorales entre candidatos y candidatas y de la publicación de todos los microdatos de las encuestas electorales.
Así mismo se aprobará la Ley de Grupos de Interés que regule su código de conducta y facilite el seguimiento del proceso legislativo.
La derecha española ya ha anticipado su 'no' al plan de Sánchez por considerarlo "autoritario" y para "dar carnets" a los periodistas afines.
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