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La justicia
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La justicia (Foto: Pexels)

Periodistas de 'El País', 'El Mundo' y '20 Minutos', imputados por filtrar datos de la Fiscalía en el caso de García Ortiz

martes 18 de marzo de 2025, 08:06h

El Juzgado de Instrucción 20 de Madrid ha iniciado una investigación por un presunto delito de revelación de secretos contra 4 periodistas, todos ellos de los diarios 'El País', 'El Mundo' y '20 Minutos'.

La causa se relaciona con la publicación del contenido de un informe de la Guardia Civil sobre el móvil y el correo electrónico de la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, quien está imputada junto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo (TS), en el caso también de revelación de secretos, en su caso del novio de Isabel Díaz Ayuso.

Los periodistas fueron citados a declarar el 19 de julio en calidad de investigados, es decir, imputados.

La fiscal Rodríguez presentó una queja ante el magistrado del Supremo Ángel Hurtado tras la difusión del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que analizaba el contenido de su teléfono móvil y de su correo electrónico. Este informe se obtuvo tras un registro practicado en su despacho en octubre, una vez levantado el secreto.

El origen de la investigación

El juez Hurtado decidió derivar la queja de la fiscal Rodríguez, así como las presentadas por el fiscal general y la pareja de Ayuso, a los juzgados de Madrid, al considerar que eran competentes para investigar el caso. El Juzgado de Instrucción 20, tras recibir las quejas, acordó abrir diligencias y citar a los periodistas implicados.

La investigación se enmarca en un caso de filtración de un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, novio de Ayuso, en el que este reconocía, en nombre de su cliente, 2 delitos fiscales.

Todo ello llevó a la imputación del fiscal general y de la fiscal jefa de Madrid, quienes habrían cometido un presunto delito de revelación de secretos.

La fiscal Rodríguez, al presentar su queja, argumentó que la publicación del informe de la UCO violaba su privacidad y comprometía la confidencialidad de las comunicaciones dentro de la Fiscalía.

Por su parte, los medios implicados defienden su labor informativa, alegando que la difusión de estos datos respondía al interés público.

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