El primer miembro del Gobierno que se ha pronunciado sobre la huida de Carles Puigdemont ha sido el ministro de Transportes Óscar Puente, que ha parafraseado al comisario jefe de los Mossos, Eduard Sallent, al decir que la efímera aparición se parecía más a lo que hace Jimmy Jump que a la llegada de un ex president de la Generalitat de Cataluña.
"Esto es ruido y no creo que le beneficie ni a Puigdemont ni a Junts. Deben redefinir la estrategia", ha pronunciado en una entrevista en 'RNE', en la que también ha calificado la huida de "performance de aparición y desaparición".
Con todo, Puente ha defendido la aplicación de la ley de amnistía tal y como estaba redactada, es decir, incorporando también el delito de malversación, que es por el que se mantiene la orden de detención a Puigdemont.
A su juicio, "los tribunales" no pueden "extralimitarse", en este caso, el Tribunal Supremo con su rechazo a amnistiar la malversación del procés. "Esa interpretación no hay por dónde agarrarla", ha manifestado.
Así se ha referido Puente a la decisión del Alto Tribunal de no considerar amnistiable el delito de malversación por el que están condenados, entre otros, Puigdemont y Oriol Junqueras argumentando que "el que se apodera de bienes ajenos -en este caso, patrimonio público- comete un delito aunque el metálico obtenido se destine a regalos a terceros, a limosna o a cualquier otra causa altruista", por lo que mantuvo la orden de detención del líder de Junts.
En este sentido, Puente espera que el Tribunal Constitucional se pronuncie al respecto y que lo único que suceda es que se "retrase" una ley que es "clara".
"Nosotros lo que hicimos es promulgar una ley que tiene un tenor literal muy claro y lo que no pueden hacer los tribunales es extralimitarse a la hora de interpretarla, diciendo, por ejemplo, que ha habido malversación porque los independentistas se ahorraron de su peculio el dinero que les hubiera costado la campaña de la independencia o el referéndum ilegal", ha pronunciado Puente.
Sobre el dispositivo que resultó fallido el pasado jueves para detener al ex president, Puente ha insistido en que la responsabilidad es de la Generalitat y de los Mossos.
"Lo único que tiene el Estado en Cataluña es el control de fronteras y estamos en un país en espacio Schengen con Francia y los desplazamientos son libres", ha argumentado.
Y ha precisado que, en concreto, el control de entrada de una persona era "muy complicado", sin embargo, cuando llegó a Barcelona estuvo "rodeado" de la policía catalana, por lo que la responsabilidad recae en ellos y "no se le puede achacar ninguna al Gobierno".
Sobre si toda esta situación tendrá coste político con Junts en el Congreso, Puente ha opinado que "no cambiará gran cosa" y que los posconvergentes seguirán apoyando algunas cosas y otras no en función de si coinciden con su "planteamiento político".
"No creo que cambie el panorama que hemos vivido en los últimos 10 meses", ha pronunciado al tiempo que ha recordado que Junts ha apoyado la "mayoría" de cuestiones planteadas por el Gobierno en el Congreso y que las derrotas han sido "minoritarias".
El concierto catalán se tiene que "materializar"
En cuanto el concierto económico, que fue la pata principal del acuerdo con ERC para que apoyase la investidura de Salvador Illa, el ministro ha insistido en que en el mismo tiene mucho que ver el "principio de solidaridad" y que habrá que esperar a ver cómo se "materializa".
Además de mandar un mensaje de "tranquilidad", Puente ha pedido no ponerse en "tesis" de la "derecha que casi siempre se desmienten con los hechos", aunque no ha especificado nada de lo acordado.
En cualquier caso, sí que se ha mostrado a favor de que el sistema de financiación se modifique en su conjunto, porque hay que "intervenir" y "corregir" algunas cosas.
Respecto a si con la investidura de Illa se ha dado carpetazo al procés, Puente ha asegurado que eso ya ocurrió hace tiempo y que la idea del independentismo se ha quedado "sin casi fuerza" y es "muy minoritaria".
"Es un avance que se nos reconocerá tarde o temprano", ha valorado, achacándoselo al Gobierno de Pedro Sánchez.
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