El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha incoado el procedimiento para la declaración del Monumento a los Abogados de Atocha, en la plaza de Antón Martín, en Madrid, como Lugar de Memoria Democrática, por su relevancia histórica y para la reparación de las víctimas.
El conjunto artístico, instalado en el año 2002, a propuesta del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), recuerda el acto terrorista del que se cumplen 48 años y por el que tres abogados laboralistas -Enrique Valdevira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz, Francisco Javier Sauquillo-, el estudiante de derecho Serafín Holgado y el trabajador del despacho Ángel Rodríguez Leal, fueron asesinados por un comando de ultraderecha.
Además, en el atentado fueron gravemente heridos Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, Luis Ramos Pardo y Lola González Ruiz.
El ataque fue un intento de acabar con la Transición, siendo el propio despacho de los abogados de Atocha un símbolo especial en la lucha antifranquista y en defensa de las libertades democráticas. Las acciones de este despacho, y de muchos otros de similares características, contribuyeron a proporcionar apoyo a muchos ciudadanos en los últimos años del franquismo.
Actos de violencia contra la oposición al franquismo
En las últimas semanas de 1976 y a lo largo del mes de enero de 1977 se produjeron numerosos actos de violencia llevados a cabo por grupos de extrema derecha. Los atentados estaban dirigidos contra colectivos conocidos por su oposición al franquismo: personas demócratas, abogados, partidos y organizaciones comprometidas con la ruptura política con el régimen dictatorial.
Los letrados laboralistas del bufete de Atocha eran de Comisiones Obreras y militantes del Partido Comunista de España (PCE). Realizaba gestiones con las administraciones, atendían consultas de los trabajadores y se personaban en juicios. Eran expertos en derecho del trabajo, seguridad social, derecho penal, financiero, procesal y civil que se habían incorporado a la lucha por recuperar las libertades en España, en un contexto en el que los derechos laborales se encontraban tremendamente limitados.
Más de 100.000 personas asistieron al entierro de los asesinados. Se trató de unas de las primeras manifestaciones multitudinarias tras la muerte del dictador Francisco Franco. A este acto le siguieron huelgas y muestras de solidaridad por todo el país.
Ley de Memoria Democrática
La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, establece en su preámbulo que conocer la trayectoria de nuestra democracia, desde sus orígenes a la actualidad, sus vicisitudes, los sacrificios de los hombres y las mujeres de España en la lucha por las libertades y la democracia es un deber ineludible que contribuirá a fortalecer nuestra sociedad en las virtudes cívicas y los valores constitucionales.
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