Por primera vez en un procedimiento judicial, la Fiscalía reconoce que Miguel Hernández fue víctima de la dictadura franquista. Lo hace en el recurso que ha presentado en contra de la sentencia de una jueza de Cádiz que ha condenado a un catedrático por intromisión ilegítima en el derecho al honor de uno de los miembros del tribunal franquista que sentenció a muerte al poeta.
En concreto, de Antonio Luis Baena Tocón, que ejerció como secretario judicial de la sentencia que condenó a Hernández en 1940. Ese mismo año su pena fue conmutada por 30 años de prisión. Aunque 2 años más tarde, en 1942, murió en una cárcel alicantina enfermo de tuberculosis a los 31 años.
Es lo que recoge la investigación del catedrático de la universidad de Alicante Juan Antonio Ríos Carratalá que ha sido condenado en primera instancia por el juzgado de instrucción número 5 de Cádiz por intromisión ilegítima en el derecho al honor de este alférez ya fallecido, Baena Tocón.
También hay multa
En la sentencia, fechada el pasado 7 de marzo de 2025, la jueza estima parcialmente la demanda del hijo del alférez contra el especialista, al que exige "rectificar informaciones inexactas" y "retirar las expresiones que se extralimitan del verdadero cometido llevado a cabo por Baena como secretario judicial del juzgado especial de prensa o las referencias a ser el secretario del consejo de guerra". También le obliga a pagar 10.000 euros al demandante en concepto de daños y perjuicios.
Una sentencia que ahora recurre la fiscalía provincial de Cádiz, en coordinación con la unidad de derechos humanos y memoria democrática de la fiscalía general del estado, al entender que no se está respetando el derecho fundamental a la libertad de creación científica y tampoco el derecho a la verdad recogido en la ley de memoria democrática.
El propio historiador asegura que la sentencia hace referencia a una ley derogada, la de memoria histórica de 2007, y obvia la vigente de 2022.
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