El juez instructor del 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha acordado dejar sin efecto la orden nacional de detención que mantenía contra la secretaria general de ERC, Marta Rovira, procesada por desobediencia.
Este lunes, los magistrados que juzgaron el 'procés' han dictado 2 autos después de estudiar los informes de las acusaciones -Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox- y de las defensas sobre la aplicabilidad de la ley de amnistía.
En el caso de Rovira, el juez Llarena ha adoptado esta decisión al considerar que "se ubican en el ámbito de aplicación" la ley en aquellas acciones y omisiones "susceptibles de ser subsumidas en el delito de desobediencia por el que está procesada".
Llarena entiende amnistiable la desobediencia que se le imputa a la dirigente de ERC, así como al ex presidente catalán Carles Puigdemont y los ex consejeros Toni Comín y Lluís Puig. Pese a que ninguno de los 4 fueron juzgados porque huyeron de la Justicia tras el 1-O.
No obstante, da 10 días a las partes "para que puedan aportar sus consideraciones sobre la pertinencia de plantear una cuestión de inconstitucionalidad" ante el Tribunal Constitucional (TC) "respecto a la previsión de la Ley Orgánica 1/2024 de amnistiar la responsabilidad derivada del delito de desobediencia objeto de investigación".
Rovira permanece huida en Suiza desde 2018 y el juez mantenía hasta este lunes la orden de detención nacional en su contra para poder recibir su declaración indagatoria y concluir sumario.
Además, la dirigente de ERC está investigada en la Audiencia Nacional por su presunta implicación en Tsunami Democràtic, la plataforma independentista a la que se achacan los disturbios posteriores a la sentencia que condenó a los líderes del 'procés'.
Ni Llarena ni la Sala perdonan la malversación del 'procés'
Llarena no perdona, en cambio, la malversación a Puigdemont, Comín y Puig porque entiende que sus comportamientos incurren plenamente en las 2 excepciones que prevé la ley para amnistiar este delito: que se hayan realizado con propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial y que afecten a los intereses financieros de la UE, por eso mantiene las órdenes de detención contra ellos, de manera que Puigdemont se arriesga a ser arrestado si regresa a España.
Al respecto, explica que los procesados tenían la disponibilidad de los fondos públicos confiados al Govern y que la utilizaron para hacer frente a los costes inherentes al referéndum del 1-O.
Fueron ellos "quienes, además, endosaron sus gastos a la Administración Autonómica, sin que la iniciativa respondiera a la satisfacción de ningún interés público. Y lo hicieron aprovechando sus responsabilidades en la Generalitat".
Asimismo, considera que concurre el daño económico a la UE porque el referéndum "afectaba necesaria y automáticamente a la configuración de España y a la dimensión territorial de la UE".
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