Como se esperaba, este lunes ha sido presentada en el Congreso la iniciativa para aprobar una ley de amnistía, como parte de las condiciones de los partidos catalanes para apoyar la investidura de Pedro Sánchez.
El texto oficial, que denomina a esta norma 'Ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña', sólo habla de perdonar los delitos cometidos durante distintas acciones políticas soberanistas, pero no menciona la vía de la autodeterminación ni del referéndum.
Además, esta amnistía incluirá a todas las partes, en referencia a los agentes de Policía y Guardia Civil que fueron denunciados por su actuación durante el famoso referéndum del 1 de octubre. En concreto, beneficiaría a unos 73 agentes del orden.
Respeto a la Constitución española
Otra de las claves es que se incluye un reconocimiento explícito de respeto a la Constitución española y al "ordenamiento jurídico nacional e internacional". En concreto habla de los "marcos jurídicos nacionales e internacionales".
El lawfare
No sólo eso: también finalmente deja fuera el asunto del 'lawfare' o guerra judicial política, que estos días había estado en boca de todos, siendo muy criticado por los partidos de la oposición. Consideraban partidos como PP y Vox que esto suponía no sólo desautorizar al Poder Judicial e ir contra la separación de poderes, sino también considerar criminales a los jueces que tomaron decisiones contra los secesionistas.
Por último, se explica la idea de que no se incluye la vía o el reconocimiento de la autodeterminación o la celebración de un referéndum unilateral por parte de Cataluña.
Amnistía en el tiempo
Lo que sí se menciona es que los actos a perdonar o amnistiar se remontarán a 2012, como se había hablado estos días, para no sólo contemplar el procés soberanista de 2017 o la consulta de 2014 de Artur Mas. También las protestas que tuvieron lugar desde 2012.
Podría suponer un beneficio para unos 300 independentistas, entre políticos y diversos activistas.
Legalidad de la amnistía
El texto propuesto como futura ley explica que la amnistía es "constitucional" por que así fue declarado por el Tribunal Constitucional en una sentencia de 1986, la cual revisaba precisamente la gran Ley de amnistía que ha tenido anteriormente nuestro país, la de 1977. Esa norma establecía amnistía para todos los actos de intencionalidad política ejecutados hasta el 15 de junio de 1977, fecha de la celebración de las primeras elecciones democráticas tras 40 años de dictadura.
La norma plantea que el Tribunal, en ese pronunciamiento, afirmaba literalmente que "no hay restricción constitucional directa sobre esta materia" y que lo que la Constitución sí regula es "una manifestación concreta del derecho de gracia, como son los indultos generales, que cuentan con una naturaleza jurídica muy diferente a la que es propia de una ley orgánica de amnistía, al ser el indulto una prerrogativa del Poder Ejecutivo".
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