Un juzgado de Cádiz abre diligencias previas para investigar un presunto delito de malversación que estaría en torno a los 235 millones de euros que habría cometido el Servicio Andaluz de Salud. El caso, que ha sido denunciado por Podemos, estaría basado en contrataciones "a dedo" en la provincia de Cádiz, que alteraban los procesos de selección oficiales.
Raquel Martínez, coordinadora de Podemos en Andalucía, ha anunciado este lunes que la formación interpuso una denuncia el pasado octubre porque creen que es "muy grave lo que está ocurriendo en la Junta de Andalucía y lo que está pasando con el SAS". Desde la formación morada piensan que "se está sorteando la ley de contratos para dar a dedo millones de euros a empresas que ya todos conocemos la mayoría de nombres".
La denuncia de Podemos está basada en los informes de Intervención de la Junta de Andalucía, donde habrían detectado "un fraccionamiento indebido de miles de contratos menores", según comentaba el juzgado. Estos contratos se adjudicaron entre enero y diciembre del año 2021 hechas por el Servicio Andaluz de Salud en las provincias de Cádiz, Huelva, Córdoba y Jaén.
Podemos denuncia en Cádiz adjudicaciones por 235 millones
En este sentido, se estarían eliminando los requisitos de publicidad y libre concurrencia previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, "permitiendo su adjudicación a dedo". Raquel Martínez ha dicho que los informes señalan a un "fraccionamiento masivo de contratos que supone graves consecuencias para nuestro sistema de salud".
Podemos afirmó en su denuncia que los informes de Intervención aportados por la junta destacan el valor económicos de las adjudicaciones en cada una de las provincias. De esta manera, se concretó que en Huelva se dieron por ese sistema más de 91 millones de euros, en Jaén llegaron casi a 70 millones, en Córdoba se fueron a 61 millones y en Cádiz a 235 millones de euros, la cantidad más importante de los 4 territorios.
Aunque Podemos interpuso su denuncia en un juzgado de Sevilla, este ha decidido dividirla y mandarla a los órganos judiciales de cada una de las provincias donde habían ocurrido los hechos. Por el momento, ha sido el juzgado de Cádiz el que ha tomado la decisión de seguir adelante y abrir diligencias por los contratos de esa provincia.
Cádiz es la primera provincia en abrir diligencias
4 meses después de la denuncia de Podemos, el partido ha anunciado el auto emitido por el juzgado de instrucción número 3 de Cádiz, con fecha en noviembre. En el auto "se acuerda incoar diligencias previas" por un posible delito de malversación por parte del servicio médico de la Junta de Andalucía.
La jueza del caso ha decidido practicar diligencias de investigación como solicitar la "intervención de la Junta de Andalucía que informe sobre las irregularidades cometidas en relación a los hechos denunciados y el funcionario público que las llevó acabo". Además, se traslada "al fiscal de delitos económicos a fin de que interese diligencias a practicar".
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