El magistrado Hermenegildo Barrera, titular de un juzgado de Instrucción de Madrid, ha solicitado al Tribunal Supremo que investigue a Alvise Pérez por posibles "desórdenes públicos".
El magistrado ha elevado la petición al Supremo debido a la condición de aforado del eurodiputado de 'Se acabó la fiesta' y, en la exposición razonada, el magistrado ha considerado "posibles indicios" de culpabilidad.
La denuncia proviene de las manifestaciones que se produjeron en la calle Ferraz, frente a la sede del PSOE a finales de 2023 contra la ley de amnistía.
Protestas que duraron varias jornadas y en varias ocasiones acabaron en intervención policial debido a los disturbios generados por varios grupos de ultras. Hubo varias detenciones y tanto manifestantes como agentes de Policía resultaron heridos.
Alvise fue uno de los convocantes de dichas protestas a través de su canal de Telegram e incluso encabezó una marcha de protestantes hacia el Congreso.
Tras la denuncia interpuesta contra él el magistrado ha considerado que para esclarecer bien los hechos "hay que escuchar" a Alvise como investigado "con todas las garantías y derechos previstos en nuestro ordenamiento jurídico", ha subrayado.
"Existen indicios de culpabilidad que han provocado la admisión de la presente denuncia por entender que la persona identificada pudiera ser autora del hecho delictivo de desórdenes públicos", ha señalado el juez en su petición al Supremo.
Alvise insiste en que fueron pacíficas y carga contra el Gobierno
El líder de 'Se acabó la fiesta' ha insistido en sus redes sociales en que las protestas fueron autorizadas y pacíficas.
Ha presumido de su participación por protestar "contra este Gobierno criminal" y pone en duda la democracia española si le imputan delitos por ello.
En su canal de Telegram ha puntualizado que "la única justificación para manifestarse violentamente en un país es cuando te prohíben manifestarte pacíficamente. Y hoy me están persiguiendo judicialmente por unas protestas absolutamente pacíficas. Quien quiera entender, que entienda".
Si el Supremo acepta su imputación, será otra causa judicial más del eurodiputado, que está también siendo investigado por la Audiencia Nacional por presunta financiación ilegal.
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