El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha anunciado este jueves que la conversión de interinos en trabajadores con contrato indefinido debe ser una medida adecuada para prevenir y sancionar los abusos de temporalidad en la administración pública siempre y cuando "no implique una interpretación del Derecho nacional contraria a la ley".
La sentencia cree que la ley española no incluye medidas para evitar abusos en la concatenación de contratos de interinidad, por lo tanto, respalda que el convertir en fijos a los interinos pero deja la resolución final para que la dicten los tribunales españoles.
El tribunal responde al litigio entre 3 trabajadoras y la Generalitat de Cataluña, que estuvieron 10 años, entre 2005 y 2015, encadenando contratos de interinidad en la administración autonómica. Las trabajadoras alegaban haber ejercido funciones "idénticas" a las de un funcionario de carrera por eso pedían al Tribunal Europeo que declarara que la administración estaba abusando de esos contratos.
Fallos en la ley española
El tribunal indica que como la ley española "no contempla medidas adecuadas para prevenir y sancionar este tipo de abusos", pide "convertir esos contratos de duración determinada en una relación laboral por tiempo indefinido pasando a ser fijos con las mismas condiciones que los funcionarios siempre que estén sujetos a las mismas causas de cese de despido que los funcionarios".
Apunta también que "ni la convocatoria de procesos selectivos ni la compensación resultan adecuadas para prevenir o sancionar los abusos, pues son independientes de cualquier consideración relativa al carácter abusivo de la utilización de contratos o relaciones laborales de duración determinada".
Por tanto, piensa que "a falta de medidas adecuadas en el derecho nacional para prevenir y sancionar los abusos", señala que "la conversión de los sucesivos contratos o relaciones de empleo de duración determinada en contratos o relaciones de empleo por tiempo indefinido puede constituir una de las medidas" para evitar abusos. Es decir, da su avala para que los interinos pasen a ser fijos sin convertirse en funcionarios, para revertir esa situación de abuso de la administración. Aunque la pelota, para aplicar esta medida, vuelve a los tribunales españoles.
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