El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha anulado este viernes los acuerdos comerciales de agricultura y pesca entre la Unión Europea y Marruecos.
Alega para ello que tales acuerdos se firmaron sin contar con el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental.
Esta decisión pone fin a una larga disputa sobre el acuerdo pesquero y su protocolo, siguiendo el camino trazado por el Tribunal General de la UE en 2021 y las recomendaciones de la abogada general Tamara Capeta.
La aplicación de dicho protocolo finalizó el 17 de julio de 2023, lo que provocó la paralización de las actividades pesqueras, una medida que impacta especialmente en España, dado que de las 138 licencias otorgadas, 92 corresponden a barcos españoles, principalmente de las flotas andaluza, gallega y canaria.
Intereses del pueblo saharaui
El Frente Polisario, que representa los intereses del pueblo saharaui, presentó los recursos para anular estos acuerdos, al considerar que Marruecos los había firmado sin contar con la aprobación del Sáhara Occidental. La sentencia de este viernes confirma que dicha autorización no existe y destaca el papel del Frente Polisario como un representante legítimo, capacitado para impugnar estos acuerdos en defensa de los intereses saharauis.
Aunque el Tribunal General de la UE había declarado previamente que el consentimiento del pueblo saharaui debía ser explícito, el TJUE matiza esta idea, explicando que no siempre es necesaria una declaración formal si los acuerdos no generan obligaciones directas para ese pueblo y les proporcionan algún beneficio derivado de la explotación de sus recursos naturales.
A pesar de esto, el Tribunal reconoce que, en este caso, los acuerdos no imponen obligaciones legales sobre el Sáhara Occidental, pero tampoco otorgan ningún beneficio tangible al pueblo saharaui. Además, el Frente Polisario se opuso activamente a estos tratados, lo que, según el TJUE, es suficiente para invalidar cualquier suposición sobre la existencia de consentimiento.
Productos agrícolas del Sáhara Occidental
En otro asunto relacionado, el TJUE también ha resuelto una cuestión prejudicial planteada por Francia en torno al origen de productos agrícolas como los melones "charentais" y los tomates cherry cultivados en el Sáhara Occidental. La corte ha dictaminado que estos productos deben etiquetarse señalando únicamente el Sáhara Occidental como su lugar de origen, sin hacer referencia a Marruecos, con el fin de evitar confusiones entre los consumidores sobre su verdadero origen.
El Tribunal explicó que esta normativa no solo aplica a productos originarios de "países", sino también a aquellos procedentes de "territorios", una categoría que incluye a entidades que no tienen el estatus de Estado. Esta precisión responde a la necesidad de una información clara y veraz para los consumidores sobre el origen de los productos que adquieren.
Ante esta decisión, el sindicato agrícola Confederación Paisana solicitó al Gobierno francés que prohíba la importación de estos tomates y melones recogidos en el Sáhara Occidental, argumentando que ese territorio no pertenece a Marruecos. El sindicato denuncia que el etiquetado actual, que indica a Marruecos como país de origen, vulnera la normativa europea sobre la información del origen de los productos agrícolas.
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