Just Eat España ha presentado una demanda contra Glovo ante los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona, hablando de una acción de competencia desleal por violación de normas y contratar a falsos autónomos y pidiendo 295 millones de euros en concepto de daños y perjuicios, según ha anunciado la plataforma de 'delivery' en un comunicado.
Just Eat dice en su demanda que numerosas sentencias han condenado a Glovo por contratar a repartidores como falsos autónomos y vulnerar la normativa de Derecho Laboral, por lo que pone a Just Eat España en una "clara situación de desventaja competitiva", ya que esta compañía sí que hace contrato a los repartidores por cuenta ajena, lo que lleva elevados costes adicionales, tal y como demanda la ley.
Ahorro de 645 millones para Glovo
De esta forma, Just Eat España cree que Glovo ha ahorrado más de 645 millones de euros contratando a falsos autónomos en los últimos años, lo que le ha dado una ventaja competitiva significativa.
Just Eat España ha asegurado que es pionera en el mercado de plataformas de 'delivery' donde trabaja desde 2010, con una plantilla de empleados de más de 2.500 personas y fue la primera plataforma en tener un convenio colectivo de empresa con los principales sindicatos del país en diciembre de 2021.
Glovo señala que contratará a los repartidores
Una sentencia que se ha conocido justo el mismo día que Glovo ha anunciado un nuevo modelo en España que le va a permitir operar con repartidores laborales en vez de trabajadores autónomos, indicando que su decisión es parte de su "firme compromiso con España y con el impulso de la economía digital en el país".
El cambio de modelo va a llegar a la totalidad de ciudades en las que Glovo está disponible, que en estos momentos superan las 900, y se va a aplicar a todas las verticales de la aplicación.
De esta manera, la empresa ha manifestado que su nuevo modelo va a mantener en todo momento la experiencia de usuario y de los restaurantes y establecimientos que colaboran con la aplicación en todo el país.
En paralelo, la compañía va a abrir una mesa de diálogo con los agentes sociales para dotar de todas las garantías al proceso y hacer posible que el cambio de operativa se desarrolle con consenso. Dicho foro va a estar abierto al resto de operadores del sector para que puedan hacer procesos de transición similares y unirse a los acuerdos alcanzados.
La decisión se ha conocido el día antes de que el consejero delegado de la empresa, Óscar Pierre, vaya a declarar como investigado en fase de instrucción en el proceso penal que empezó la Fiscalía por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.
El proceso penal, que está en estos momentos en fase de instrucción, se inicia tras una denuncia presentada por el ministerio público, que acusa a la empresa de la presunta comisión de delitos relacionados con los derechos de los trabajadores, lo que incluye posibles fraudes en la contratación basándose en actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
En la denuncia, el ministerio fiscal hacía acusación a la compañía de menoscabar y suprimir los derechos de los trabajadores por la condición de falsos autónomos y solicitaba citar a Pierre para tomarle declaración como investigado.
El sindicato CGT ha asegurado este lunes que se ha personado en el procedimiento penal contra Glovo iniciado por la Fiscalía "con el objetivo de poner fin a las prácticas abusivas y fraudulentas que atentan contra la dignidad y los derechos laborales".
Si (
No(
