La Junta de Fiscales de Sala avala la orden dada por el Fiscal General, Álvaro García Ortiz, de que la ley de amnistía incluya también el delito de malversación que afecta al ex president Carles Puigdemont.
La cúpula fiscal ha avalado este martes la decisión del fiscal general del Estado, de pedir al Supremo que amnistiar a Puigdemont y al resto de líderes independentistas implicados en el procés de todos sus delitos y retirar las órdenes de detención nacionales. El resultado del debate ha sido de 19 fiscales a favor, 17 en contra y una abstención. Y 13 de los 37 asistentes no han intervenido en el debate.
La reunión ha sido larga (5 horas) porque primero intervinieron los 4 fiscales del procés para defender su posición y después pedían la palabra el resto y hay 38 fiscales convocados incluyendo a García Ortiz que fue el último en hablar, y cuyo criterio es decisivo.
Los fiscales del Supremo que participaron en el juicio del procés abogaban por dejar fuera la malversación, dado que, para ellos, la ley excluye los actos que "implican un enriquecimiento personal o un beneficio patrimonial" y además afectó a los intereses financieros de la Unión Europea y este es uno de los puntos que la norma excluye del perdón, por lo que entienden que tampoco se pueden alzar las órdenes de detención nacional.
Tesis de la que discrepa frontalmente el fiscal general, que niega que esos intereses económicos comunitarios se viesen afectados y que rechaza asimismo que hubiese "ánimo de enriquecimiento" personal en ese empleo de dinero público para el referéndum del 1-O, por lo que es partidario también de levantar las órdenes de detención.
Dado que la Junta de Fiscales de Sala es el principal órgano asesor del fiscal general, está compuesta por 37 fiscales más el jefe del Ministerio Público. En realidad, sobre el papel, hay 17 que pertenecen a la Unión Progresista de Fiscales, de la que es afiliado el propio García Ortiz; otros 9 son miembros de la conservadora Asociación de Fiscales; y los 11 restantes son no afiliados, este panorama no supone ninguna certeza para la decisión final.
La teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y el jefe de la sección penal del alto tribunal, Joaquín Sánchez-Covisa, relevan a los fiscales del 'procés' en la causa.
¿A quiénes de los procesados afecta concretamente la malversación?
El delito de malversación afecta a los 4 condenados que cumplen penas de inhabilitación por este delito (el ex vicepresident Oriol Junqueras y los ex consellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa) y también a 3 de los fugados que no llegaron a ser juzgados por ello (el ex president Carles Puigdemont y los ex consellers Toni Comín y Lluis Puig) procesados por malversación y desobediencia y sobre los que pesan, además, las órdenes de detención nacional.
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