El caso judicial de la DANA sigue adelante y la jueza instructora ha enviado unos autos que atribuyen a la Comunidad Valenciana la competencia de la emergencia.
"El nivel de alerta que se mantuvo en todo momento no conllevaba la asunción de la emergencia por la Administración Central", ha remarcado en uno de los escritos. La magistrada ha centrado sus investigaciones en determinar por qué se demoró tanto el envío de la alerta a los ciudadanos a través del móvil, una de las causas principales que generó la tragedia, según se desprende de sus conclusiones.
En el auto considera que hubo una "palmaria ausencia de avisos", por lo que los ciudadanos no pudieron tomar medidas.
"Constituye una constante en las declaraciones de los familiares y testigos la constatación del aviso notablemente tardío, el consejo de evitar desplazamientos en el SMS de alerta fue las 20:11, y errado en su contenido, muchas de las víctimas fallecieron sin salir de la planta baja de su domicilio, al bajar al garaje, o simplemente por encontrarse en la vía pública", ha subrayado.
Por todo ello, ha sido contundente y ha considerado que "los daños materiales no se podían evitar, las muertes sí".
Foco en la Generalitat
El CECOPI se convocó a las 15 horas del 29 de octubre pero no fue hasta pasadas las 20 horas cuando se envió el aviso a los móviles.
Momentos en los que las riadas ya afectaban a muchos municipios y finalmente las lluvias torrenciales se saldaron con 227 muertes.
La jueza ha exigido a la Generalitat más información sobre la reunión del CECOPI y de cómo se gestionó y decidió el envío de las alertas. Ha preguntado también si "concurrió alguna otra autoridad" a la reunión. No menciona nombres, pero se trataría de Carlos Mazón, que no se incorporó hasta pasadas las 19 horas después de estar incomunicado, pero en la documentación que la Comunidad ha remitido al Juzgado, no consta la presencia del dirigente valenciano.
El caso sigue estando en el disparadero y la Generalitat y el Gobierno central se van acusando mutuamente de dejación de competencias. También se han difundido diferentes audios de organismos como la Aemet o la Confederación Hidrográfica del Júcar con la intención de culparles y esquivar así la responsabilidad de la Administración valenciana.
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