El juez Ángel Luis Hurtado, que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos ha acordado en un auto de este miércoles prorrogar por 6 meses la instrucción. Un plazo que empezará a computar a partir del 24 de marzo.
Esta decisión se toma después de la desaparición de información que se buscaba en el registro de su despacho y móviles, lo que ha obligado a desplegar una investigación tecnológica compleja que ha derivado en solicitar comisiones rogatorias a Irlanda.
"Al haber hecho desaparecer la información que pudiera encontrarse en sus distintos dispositivos, ha debido ser suplida mediante una investigación tecnológica de no poca complejidad", ha remarcado el magistrado en el auto.
En este sentido, Hurtado ha añadido que la prórroga es necesaria dado que se está a la espera del resultado de esas comisiones rogatorias "cuya respuesta es previsible que no llegue con anterioridad al próximo 24 de marzo de 2025". Además, "a resultas de lo que ellas aporten, pudiera ser necesario la práctica de alguna otra diligencia de investigación más".
En la resolución, el magistrado ha indicado que el plazo para esta prórroga se computará a partir del próximo 24 de marzo, aunque ha recordado que el primer plazo para concluir la investigación en las presentes diligencias previas, que se incoaron por auto de 30 de octubre de 2024, se extendería hasta el 29 de octubre de 2025.
La prórroga la solicitó Manos Limpias
El juez del Tribunal Supremo ha agregado que "es comprensible la cautela de las distintas partes, que se remiten a la fecha de incoación de las diligencias previas en el Juzgado de Instrucción de Madrid, el 1 de abril de 2024, o la fecha de registro en este Tribunal Supremo de la querella formulada por la Fundación Foro Libertad y Alternativa, el 24 de marzo de 2024".
En el auto también ha señalado que fue Manos Limpias la organización que solicitó la prórroga, petición a la que más tarde se adhirió la Fundación Foro Libertad y Alternativa.
Tras ellos, también se incorporó la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, junto a las representaciones legales de la fiscal provincial de Madrid, de Pilar Rodríguez, del propio García Ortiz y de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
A este respecto, Hurtado ha aclarado que el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla la posibilidad de acordar prórrogas sucesivas a la inicial de un año si no es previsible finalizar en ese mismo año la investigación. Esto es lo que el magistrado ha considerado que ocurre en la causa.
En el marco de esta investigación, Hurtado tiene previsto tomar declaración el próximo 12 de marzo como testigos a la ex asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera y al ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés.
El juez decidió llamarles a declarar al considerar que puede ser útil "conocer el recorrido que pudo haber tenido el correo del 2 de febrero de 2024" en el que el abogado del novio de Ayuso reconocía al fiscal la comisión de "2 delitos contra la Hacienda Pública" por parte de González Amador, "hasta su aparición en la mañana del día 14 de marzo en el digital 'El Plural.com', y en qué circunstancia circuló a través de las personas por las que pudo haber pasado".
Ambos nombres aparecieron en la causa tras el análisis del móvil del ex secretario general del PSOE de Madrid Juan Lobato, que reconoció al magistrado que llevó ante notario los mensajes que se cruzó con la entonces jefa de gabinete del ministro Óscar López, el 14 de marzo.
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