El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha solicitado juzgar por cohecho y revelación de secretos a BBVA y al que fuera el presidente del banco, Francisco González, por contraatar a empresas vinculadas al ex comisario Villarejo entre 2004 y 2016.
En el auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 termina la investigación que comenzó en 2018 y dice que "la instrucción practicada hasta el momento en la presente pieza separada ha puesto de manifiesto que se cumplen los presupuestos para dictar auto de continuación por los trámites del procedimiento abreviado frente al BBVA a efectos de que sea sometida a juicio oral como persona jurídica penalmente responsable".
En su resolución, el juez también ha decidido procesar al ex jefe de Seguridad, Ángel Corrochano; al ex CEO de la entidad, Ángel Cano, y al ex director de Riesgos Antonio Béjar por presuntos delitos de cohecho en grado de continuidad delictiva. También se les acusa de una pluralidad de delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
De la misma forma, el magistrado ha propuesto sentar en el banquillo de los acusados al ex jefe de Control Interno, Eduardo Arbizu; al actual responsable de los servicios jurídicos Eduardo Ortega; al responsable de Auditoría Interna, Joaquín Gortari; al ex responsable de Servicios Jurídicos de España y Portugal, José Manuel García, y al empleado de la entidad Óscar Santos. También va a procesar al socio de Villarejo, Rafael Redondo; al ex inspector de Policía Antonio Bonilla, y al agente con carnet profesional 76.738. Para finalizar, el magistrado acuerda el archivo para 11 investigados.
En su auto, el magistrado ha hecho suya la "prolija exposición" realizada por la Fiscalía Anticorrupción en el escrito por el que pide que terminase la instrucción. El juez, en concreto, ha dado sus elogios por el "impecable detalle en la narración de los acontecimientos respecto de los cuales se considera existente una carga indiciaria sólida como consecuencia de la actividad instructora practicada en el marco de las presentes diligencias previas".
La contratación con Villarejo
El fiscal Alejandro Cabaleiro señala en su escrito que la contratación por el BBVA del que fuese comisario de Policía Julio Corrochano en septiembre de 2002, con el expreso consentimiento de Francisco González, creó un enlace entre la entidad y los anteriores compañeros del policía. Entre estos últimos estaban Villarejo y el que fuera jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño.
"El primero de ellos, haciendo un uso fraudulento de las posibilidades que le otorgaba su especial puesto dentro del organigrama de necesidades operativas de la Policía, aprovechó el mismo, y puso en práctica una estructura empresarial con la cual lucrarse haciendo uso de tal especial posición y confianza generada en muchos de sus compañeros policías", manifiesta. El fiscal dice que esto permitía a Villarejo, "entre otras cosas, el acceso indirecto a todos los registros policiales, así como bases reservadas de datos a los que las fuerzas y cuerpos de seguridad tuviesen acceso".
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