El juez Juan Carlos Peinado no ha querido anular la declaración como imputada de Begoña Gómez para el próximo 5 de julio, a pesar de que la Fiscalía Europea se ha declarado competente para investigar la única parte de la denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias, que la Audiencia de Madrid ha considerado como investigable.
Eso sí, Peinado ha suspendido las declaraciones de varios cargos de Red.es a los que iba a interrogar en calidad de testigos este domingo. Peinado ha tomado esta decisión después de la decisión de la Fiscalía Europea.
La sala de apelaciones madrileña ha calificado los hechos de las otras dos presuntas actuaciones delictivas de la mujer del Presidente del Gobierno como "inverosímiles" o de "conjeturas". Son los dos contratos públicos con los que se hizo el empresario y compañero de cátedra de Gómez, Juan Carlos Barrabés. Según los denunciantes, las dos cartas de recomendación de Begoña Gómez fueron fundamentales para obtener esos contratos.
Se habían presentado una treintena de cartas de recomendación de otras personas e instituciones. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid. La Guardia Civil ya había realizado un informe en el que llegó a la conclusión que no había indicios de delito contra Gómez, porque no habían encontrado ningún vínculo entre ella y los responsables de las adjudicaciones. Peinado ha anulado los interrogatorios de los testigos que estaban previstos para este domingo. Los 5 responsables de red.es que participaron en el proceso de adjudicación.
La Fiscalía Europea ha reclamado este lunes al juez que investiga las actividades profesionales de Begoña Gómez que le permita asumir la parte de la causa por la que ha citado a declarar a testigos el próximo domingo 16 de junio y por la que ha imputado a la mujer de Pedro Sánchez, que va a tener que declarar el próximo 5 de julio.
La denuncia también ponía la lupa en la trayectoria profesional de Begoña Gómez. La Audiencia de Madrid advirtió al juez de que no son posibles las "investigaciones prospectivas" y llamó "deslavazada" a la denuncia. La sala solo vio indicios de delito en los contratos de Barrabés, justamente la parte de la investigación que ahora reclama Europa.
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