El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha llamado a declarar como investigados al que fuera secretario de Estado de Seguridad con el PP Francisco Martínez, al ex director adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, además de varios ex cargos policiales por las presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial que se habrían ralizado sobre varios cargos de Podemos.
En una providencia, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 cita para el 28 de octubre a las 10:15 horas como investigado a Martínez. El mismo día, el instructor ha dispuesto que se presente en sede judicial como imputado el que fuera jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Enrique García Castaño.
Es conveniente recordar que este último tuvo un ictus en mayo de 2022 que hizo que el entonces instructor del 'caso Villarejo', Manuel García Castellón, archivase la causa contra él por su estado de salud.
Ya el 29 de octubre, el juez Pedraz va a tomar declaración como investigados a partir de las 10:15 horas a Pino y al inspector de la Policía, José Ángel Fuentes Gago. La ronda de declaraciones terminará el 6 de noviembre a partir de la misma hora, cuando el magistrado interrogue al comisario Andrés Gómez Gordo y al ex jefe de Información de la Policía, Germán Rodríguez Castiñeira.
En su resolución, el magistrado también consiente a "la práctica de las testificales solicitadas por Podemos para el esclarecimiento de los hechos". Sin embargo, dice que las mismas quedan pendientes de indicar según la disponibilidad del calendario del juzgado.
La querella de Podemos
Podemos puso una querella por delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental. También lo hizo por malversación y por delito contra las instituciones del Estado, aunque el magistrado descartó estos 2 últimos delitos al no poder ser subsumidos ambos tipos penales en los hechos relatados.
En su escrito, Podemos señalaba que los querellados, bajo el supuesto liderazgo del entonces secretario de Estado de Seguridad, "se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, ni bajo control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política".
Además, la formación comentaba que Martínez daba cuenta periódicamente a Fernández Díaz, aprovechándose de su condición de autoridad pública y con la colaboración de agentes policiales.
Ocho actuaciones concretas
El objetivo principal, según el partido, era que luego se filtrase a los medios de comunicación bajo el marchamo de fiabilidad de las "fuentes policiales" para embarrar ante la opinión pública a la formación, atentando de este modo contra la indemnidad de sus diputados y restantes cargos públicos.
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