El juez del Tribunal Supremo que se encuentra investigando al fiscal general del Estado ha llamado a declarar como testigos a Pilar Sánchez Acera, ex directora del secretario de Estado del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y actual secretaria de Organización del PSOE de Madrid, y a Francesc Vallès, ex secretario de Estado de Comunicación, en la causa que tiene abierta por revelación de secretos contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El juez instructor quiere buscar en el "recorrido que pudo haber tenido" el correo del abogado de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid por el PP), que terminó filtrado a la prensa.
Con este acto, que Hurtado realiza a petición del pseudosindicato Manos Limpias, que se encuentra personado como acusación popular, el magistrado empieza a recorrer otra línea de investigación que ya indicó en una de sus resoluciones anteriores. Cuando decidió citar como imputado al fiscal general, el juez dijo que una copia del email del abogado del novio de Ayuso, además de filtrarse supuestamente desde el ministerio público a diversos medios de comunicación, había "salido" desde la Fiscalía General del Estado con "destino" a la Presidencia del Gobierno, para posteriormente "circular" hasta la web 'El Plural', que lo sacó el 14 de marzo. El instructor había parado esta línea de investigación después de la batería de testificales y diligencias relacionadas con el fiscal general y sus colaboradores.
Sánchez Acera era la jefa de gabinete de Óscar López en el momento en que éste ocupaba la dirección del gabinete de Pedro Sánchez en la Moncloa. De ahí fue al Ministerio para la Transformación Digital hasta que hace poco ha sido nombrada como su 'número 2' en el PSOE madrileño: secretaria de organización de la nueva ejecutiva regional.
El juez quiere conocer cómo apareció ese correo en el teléfono de Sánchez Acera, que según ha dicho la Guardia Civil a partir de los mensajes entregados por Lobato pudo acceder al correo del abogado de González Amador antes de que su contenido se publicara de forma íntegra en los medios. Esas conversaciones dejan ver cómo Lobato, que en esa mañana del 14 de marzo tenía debate con Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid, tuvo sus reticencias a sacar el correo ante su rival antes de que estuviera publicado en los periódicos. "Llega, la tienen los medios", respondió Sánchez Acera cuando Lobato cuestionó de dónde había salido el documento.
Lobato dio mensajes que tuvo esa mañana con personas de su equipo en la Asamblea y varias de las personas mencionadas en ellos tenían entonces cargos de responsabilidad en la comunicación tanto del Gobierno como del PSOE: Francesc Vallès, que era el secretario de Estado de Comunicación, Ion Antolín, en ese momento director de comunicación del PSOE, y varias personas más. El juez cree que es suficiente con la testifical de Vallès, que dejó el cargo el pasado mes de diciembre. El resto, en su opinión, no pueden aportar más.
En uno de sus autos del pasado mes de enero el magistrado constataba que, según su opinión, la Fiscalía y Moncloa actuaron de manera conjunta para filtrar el correo con la confesión de González Amador. Además cree que hubo "gestiones" a Presidencia del Gobierno en una "operación coordinada" para revelar los detalles del caso de fraude fiscal de Alberto González Amador.
Los cambios de móvil del fiscal general
El juez también ha puesto en marcha más diligencias para tratar de averiguar todo lo posible sobre el cambio de teléfono de Álvaro García Ortiz tras la apertura de la causa y el borrado de todos sus mensajes el mismo día en que comenzaron las diligencias. Pide a la Unidad de Informática de la Fiscalía que de todos los datos que tenga del móvil del que se libroó el fiscal general el pasado mes de octubre y que le habían dado solo 5 meses antes.
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