El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, que lleva la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos en la investigación a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido no adoptar medidas que limiten la libertad de expresión después de la queja de García Ortiz, ante lo que cree que constituye un "juicio paralelo" construido por las acusaciones.
En un auto con fecha de este lunes 3 de febrero, Hurtado anuncia que no va a adoptar decisión alguna, si bien ha pasado sus alegaciones a un juzgado ordinario de Madrid, como respuesta a la queja del fiscal general por lo que piensa que es un juicio que está siendo llevado a cabo por las acusaciones en los medios de comunicación, que darían una publicidad del asunto penal de manera parcial y sesgada en contra del principio de presunción de inocencia.
"Vaya por delante que, cuando de una alegación de este tipo se trata, formulada por una parte, sobre el comportamiento en el mismo proceso de otra, ha de ser mirada con la suficiente cautela, porque, sucediendo en asunto de la trascendencia mediática como el presente, se suele olvidar de las opiniones de otros medios y determinados ámbitos que le son favorables", asegura el juez.
"Por respeto al derecho constitucional, no ha de poner coto"
El instructor indica que en sus resoluciones "se podrá comprobar que lo han sido con base en el material incorporado a ella y/o las alegaciones que unas u otras partes han ido realizando en sus distintos escritos; el que, luego, según el medio o el ámbito en que se hable de este procedimiento, se viertan unas u otras opiniones, es algo a lo que este instructor, por respeto al derecho constitucional a la libertad de expresión, no ha de poner coto".
Luego prosigue diciendo que "salvo que las considere delictivas, cosa que, hasta el momento, no ha apreciado; y, desde luego, si se habla de juicio paralelo, nada hay que temer, porque, por ser paralelo, ninguna incidencia ha de tener en el proceso, cuando se resuelve en función del material que obra incorporado a él", así lo indica el juez Hurtado en el auto.
Pero también cree que, "aun aceptando que las acusaciones fueran proporcionando información a distintos medios", no se puede hablar de sesgo, "cuando tal circunstancia pudiera ser de exclusiva responsabilidad del medio de que se trate".
En relación a la petición del fiscal general para que tome las decisiones oportunas para evitar la difusión de informaciones que la defensa cree sesgadas, contesta el magistrado que "no hay base para atribuir ese sesgo a las acusaciones".
Y continúa diciendo que "impedir tal difusión supone poner limitaciones a un derecho fundamental, como es la libertad de expresión, que ha de ser respetado, aunque su contenido no se comparta", por lo que piensa que si García Ortiz entiende que tal vulneración se ha producido, siempre puede ir por "la vía que estime oportuna".
No abrirá una pieza separada
Del mismo modo, Hurtado ha rechazado abrir una pieza separada en el Supremo, para reparar con una multa el incumplimiento por parte de las acusaciones de filtraciones, si bien lo que va a hacer es deducir testimonio para su remisión al Juzgado de Instrucción correspondiente, como ya realizó el 5 de diciembre por el mismo motivo.
En cualquier caso, el instructor señala que "no se alcanza a entender por qué se pone la atención tan solo en las acusaciones particular y populares, cuando se alega que son éstas 'las que están incumpliendo el deber de reserva de las diligencias sumariales o que se quieren proponer', sin dar más explicación que la aparición de determinada información en determinados medios, cuando la ha habido en otros que no menciona".
Sobre la queja del fiscal general por la publicación de sus números de teléfono en un informe de la UCO, apunta que "no es factible impedir a las partes el acceso al contenido íntegro de una causa no declarada secreta, porque en otro caso se perturbaría su derecho de defensa y el que tienen a obtener la tutela judicial efectiva".
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