Los jueces podrán plantear sus dudas al Constitucional si el Congreso aprueba la amnistía

La amnistía es uno de los temas más relevantes del momento después de que Carles Puigdemont lo pusiera como condición para que Junts apoye a Pedro Sánchez en su investidura.

No es una cuestión nueva y se preveía, pero la petición ya se ha hecho realidad y ahora todos los escenarios son posibles. El encaje legal de la amnistía en la normativa española es ahora uno de los asuntos a debate, pues partidos como Sumar o Podemos sí son partidarios de llevarla a cabo e insisten en que sí es legal; mientras que otros como el PP o Vox remarcan que no. Y dentro del PSOE hay posturas muy contrarias a su aprobación como la de Felipe González o Alfonso Guerra.

Algunos ex magistrados del Tribunal Constitucional ya han subrayado que, en su opinión, la amnistía sí tiene "encaje legal" en la Constitución, aunque advierten de las consecuencias que ello supondría.

Dado el tablero político actual es posible que el PSOE acceda a aprobar la ley a cambio de los apoyos de Junts para evitar una repetición electoral.

Si esto ocurre y se aprueba finalmente en el Congreso, el Tribunal Supremo podría presentar una cuestión de constitucionalidad al Tribunal Constitucional, así lo han confirmado fuentes jurídicas a RTVE.

Cualquier juez puede elevar la cuestión al TC

La ley de amnistía afectaría a todos los procesados por el procès catalán, entre los que se encuentran, entre otros, el propio Puigdemont.

Ante una hipotética aprobación de la ley en la Cámara Baja, el juez instructor del procès, Pablo Llarena (del Tribunal Supremo), podría plantear sus dudas al Alto Tribunal.

Tanto él como el resto de jueces del territorio español que tengan que aplicar la hipotética nueva ley y tengan dudas, podrían elevar la causa al Constitucional.

Eso sí, las fuentes judiciales han recordado que un juez no puede negarse a aplicar la ley aunque previamente hayan elevado sus dudas al TC.

Otro escenario es que al elevar la cuestión pidan como medida cautelar la suspensión del proceso hasta el pronunciamiento.

También se puede abrir la vía europea presentando una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Una opción que puede ir paralela a la cuestión de constitucionalidad presentada en España.