El ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y ex candidato a la investidura de la Generalitat, Jordi Sánchez, se baraja ya como el nombre que los independentistas podrían volver a poner sobre la mesa para continuar el pulso con el Tribunal Supremo.
Tras la investidura fallida del ex conseller de Presidencia Jordi Turull, actualmente en prisión provisional, JxCAT y ERC estarían barajando distintas opciones antes de agotar los dos meses que ya han empezado a correr hasta un nuevo adelanto electoral.
Si bien los independentistas siempre han mantenido al ex president de la Generalitat Carles Puigdemont en el horizonte 'legítimo' para la investidura, su situación procesal parece haberle apartado en el medio plazo por consejo de sus abogados.
No obstante, tal y como informa 'La Vanguardia', JxCAT y ERC sí que estarían estudiando recuperar un nombre sobre la mesa, el de Jordi Sánchez, para dar más impulso a las acusaciones contra el juez Pablo Llarena de estar llevando a cabo una causa política en el denominado caso del 'procés'.
Según el citado medio catalán, la estrategia tendría que pasar por una renuncia del actual candidato, Jordi Turull, y porque Sánchez volviera a asumir un rol al que renunció por escrito. Legalmente, Sánchez podría hacerlo ya que no dejó su escaño, a pesar de haber anunciado su disposición a hacerlo ante el Tribunal Supremo, pero volvería a quedar supeditado a la decisión del juez Llarena.
De esta manera, si Llarena volviese a negarle su salida de prisión provisional para acudir al pleno de investidura, los independentistas acusarían al juez de contravenir la resolución del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) que instó a que se garantizaran los derechos políticos de Sánchez. Ese hipotético auto sería utilizado después en los demás frentes judiciales abiertos para fortalecer las defensas que argumentan que se trata de una causa política.
Es decir, el 'plan D' con un candidato sin causas pendientes con la justicia reclamado por ERC sólo podría llegar como último recurso, sobre todo teniendo en cuenta la declaración institucional que aprobó el Parlament para defender los derechos de Puigdemont, Turull y Sánchez a someterse a la investidura.
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