El Ministerio del Interior ha acordado abrir un expediente informativo para analizar el acuerdo suscrito entre el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y Desokupa, además de consultar a la Abogacía del Estado si el convenio en cuestión afectaría a las subvenciones públicas que recibe el sindicato policial.
Nada más conocerse el acuerdo, Interior anunció que estudiaría su posible impugnación y este miércoles ha dado un paso más desvelando que la Dirección General de la Policía ha abierto un expediente para analizar ese acuerdo, después de conocer el contenido de los informes solicitados el pasado domingo a la Abogacía General del Estado y a la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior.
El ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska ha señalado que a través de este procedimiento administrativo, la Dirección General de la Policía "recabará toda la información sobre la compatibilidad de los agentes en activo que impartirían la formación extracurricular ofrecida por el sindicato policial a los miembros del cuerpo".
Pretende así saber si el acuerdo entre SUP y Desokupa "afectaría a las subvenciones públicas que recibe el sindicato policial y, en su caso, cuál sería el procedimiento administrativo a seguir para corregir las irregularidades que puedan producirse".
Interior quiere determinar si el acuerdo "conculca valores democráticos" y se compromete a garantizar que toda la formación evaluable que reciben los agentes se realice dentro del marco establecido por la Dirección General de la Policía.
La polémica estaba servida
El acuerdo firmado con la empresa que dirige Daniel Esteve, también dueño de la empresa contra la okupación de viviendas, ha causado polémica y división entre los sindicatos policiales, pues la amplia mayoría lo han rechazado y criticado, e incluso dentro del propio SUP.
Entre ellos, el comité provincial del SUP en A Coruña se ha desvinculado "completamente" del acuerdo, al tiempo que ha pedido la dimisión de la secretaria general del sindicato.
Por su parte, el secretario de Organización del SUP de Vizcaya ha renunciado a su cargo y a su condición de afiliado ante la "deriva ultra" de esta organización y su "inaceptable" acuerdo sobre formación de agentes con 'Desokupa', una plataforma "que promueve la discriminación y el odio" y que pretende "debilitar a un Gobierno legítimamente constituido".
A raíz del mismo, Sumar y el diputado del grupo mixto José Luis Ábalos han registrado una batería de preguntas dirigidas a Marlaska en el Congreso y ERC ha solicitado la comparecencia del ministro en la comisión de Interior.
Desde el inicio de la polémica, el Ministerio del Interior defendió que "garantizaría, dentro de los cauces habilitados en el ordenamiento jurídico, que cualquier formación externa, aún cuando no esté reglada y carezca de valor académico, respete plenamente los valores democráticos y los principios constitucionales, como única forma de realizar la acción policial garantizando los derechos y libertades de los ciudadanos".
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