La profesión de 'influencer' es uno de los nuevos trabajos generados por el 'boom' de las redes sociales.
Perfiles con multitud de seguidores y poder de influencia que han hecho de sus contenidos de redes su forma de vida.
Las grandes marcas pagan verdaderas millonadas a estas personas por publicar o anunciar sus productos en su feed.
La cantidad depende del caché de cada influencer, pero para hacerse una idea, Laura Escanes desveló hace un tiempo que ella ha llegado a cobrar hasta 5.000 euros por un post.
Un empleo que se encontraba en una especie de limbo legal ya que muchos no se atenían a ninguna norma y hacían publicidades encubiertas o de productos cuestionables.
Por ello el Gobierno sacó adelante la conocida como 'ley de influencers', una normativa para regular más la profesión.
Un decálogo de derechos y obligaciones para este nuevo empleo y que así tanto los consumidores como ellos puedan ampararse en una ley clara.
Sólo 36 influencers se apuntan en el registro estatal
La noticia fue bien recibida por el sector, que llevaba años demandando el reconocimiento de su actividad como un trabajo más.
Pero a la hora de llevar sus obligaciones a la práctica parece que no todos están por la labor.
La normativa recoge un registro obligatorio en el que los influencers que cumplan los requisitos establecidos para considerarse persona de influencia.
Un listado en el que debían apuntarse, como tarde, hasta el pasado 2 de julio.
Según los datos de varias consultoras digitales, en España hay más de 12.000 influencers profesionales que viven de las redes, pero en la lista del Gobierno sólo se han apuntado 36.
Laura Escanes, Ibai Llanos, Dulceida o El Xokas son algunos de los que ya figuran en la lista oficial de influencers.
Pero lo que ha llamado la atención son las grandes ausencias. María Pombo, con más de 3 millones de seguidores no aparece, así como Violeta Manguiñán, con algo más de 2 o Paula Gonu.
Según ha trascendido hay otras 21 personas en proceso de aparecer en el listado, pero no se conocen identidades por el momento.
La ley contempla graves sanciones, ¿les multará Hacienda?
Una ley que el sector demandaba mucho para reconocer la profesionalidad de estos nuevos trabajos pero que se ha encontrado con que sólo 36 personas se han apuntado.
Es cierto que hay que cumplir una serie de criterios respecto a número de seguidores y ganancias, pero a priori es algo que cumplirían muchos de los que no se han apuntado.
Según la ley, incumplir la normativa por parte de los influencers podría costarles 60.000 euros.
Pero por el momento la Agencia Tributaria no se ha pronunciado sobre si ha iniciado algún procedimiento de sanción.
Y los influencers mencionados tampoco han detallado los motivos de su ausencia en la lista.
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