El juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) encargado de investigar la filtración de datos personales de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha citado a declarar el próximo lunes a 2 fiscales en calidad de investigados-imputados por presunta revelación de secretos.
El magistrado Francisco José Goyena ha programado las declaraciones para el lunes 24 de junio a las 11:00 y las 12:00 horas. Los citados son María Pilar Rodríguez Fernández, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, y Julián Salto Torres, fiscal de la Sección de Delitos Económicos.
La investigación del TSJM se basa en una querella presentada por González Amador, que acusa a los fiscales de haber cometido revelación de secretos a través de una nota de prensa emitida por la Fiscalía de Madrid.
En dicha nota, se detallaban correos electrónicos intercambiados entre el abogado de González Amador y el fiscal, relacionados con una causa por supuestos delitos fiscales.
En estos correos, la pareja de Ayuso admitía haber cometido un delito de fraude fiscal e intentaba llegar a un acuerdo con la Fiscalía para evitar un juicio.
Fue para "desmentir un bulo"
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, asumió la responsabilidad de la nota de prensa el pasado 10 de junio ante el TSJM, argumentando que su emisión era necesaria para "desmentir un bulo". Según García Ortiz, el comunicado no se habría publicado sin su autorización previa e instrucciones "expresas y directas".
García Ortiz ya había reconocido públicamente su responsabilidad sobre la nota en un acto institucional el 15 de abril en la sede de la Fiscalía.
Además, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, declaró el pasado jueves como testigo en la misma causa. Lastra afirmó que García Ortiz le había indicado que la publicación de la nota sobre la denuncia por fraude fiscal a González Amador era "imperativa".
González Amador
González Amador ya ha declarado en mayo como imputado por la presunta comisión de 2 delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad en documento mercantil.
La investigación se centra en presuntos indicios delictivos relacionados con el Impuesto de Sociedades correspondientes a los años 2020 y 2021, así como en un presunto delito de falsedad en documento mercantil, debido a la presentación de facturas que no reflejan servicios realmente prestados, con el fin de reducir la cuota tributaria.
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