La Guardia Civil ha llevado a cabo este lunes 4 nuevas detenciones que se enmarcan en las actuaciones que se iniciaron el día 7 de octubre y que lograron desarticular una presunta organización criminal que habría defraudado, en tan solo 2 años, más de 182 millones de euros, dentro del conocido como 'caso hidrocarburos'.
La organización criminal que se ha desarticulado disponía de una importante estructura societaria con la que ejecutaría el fraude fiscal; esta estructura era modificada por sus responsables con el fin de alcanzar un mayor grado de apocamiento y asegurar la perfección del fraude.
Escolano, detenido
Uno de los detenidos ha sido el empresario Luis Alberto Escolano, quien además de estar relacionado en este caso también declaró ante el juez por el 'caso Koldo'.
Escolano había declarado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que no tenía nada que ver con esa trama de cobro de comisiones por las mascarillas, el llamado 'caso Koldo'.
Ya son varios los socios de Aldama investigados en esta causa del 'caso hidrocarburos', e incluso uno de ellos sigue en prisión provisional, el propietario de la empresa Villafuel, Claudio Rivas.
Su arresto se producía mientras Aldama declaraba en el Tribunal Supremo por el 'caso Koldo'.
Luis Alberto Escolano fue el número 2 de Aldama cuando éste era el presidente del Zamora Club de Fútbol.
Además, ha sido detenida también la empresaria Carmen Pano, quien hace poco dijo en la prensa que entregó hace años 90.000 euros en bolsas con dinero en la sede del PSOE, en la calle Ferraz. En esos mismos arrestos estarían incluidos su hija y otro socio más de la trama, el cuarto, Carlos del Castillo.
Lo que ha visto la Guardia Civil
Asimismo, la Guardia Civil ha detectado que los registrados contaban con una estructura paralela de sociedades tanto en España, como en terceros países, para el ulterior blanqueo de las cantidades obtenidas delictivamente.
Las actuaciones, en las que se están realizando diligencias de entrada y registro en los domicilios de los detenidos, se llevan a cabo en las provincias de Madrid, Zaragoza, Sevilla y Toledo.
Esta operación está siendo llevada a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y dirigida por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción.
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