La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, se metió en un lío este fin de semana al querer cuestionar la absolución de Dani Alves por violación.
Y es que la ministra de Hacienda, para criticar la sentencia, llegó a poner en duda el valor fundamental en derecho que es la presunción de inocencia.
En concreto, Montero explicó en un mitin: "Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes valientes que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos".
Sus palabras han causado malestar en el mundo judicial, al considerar que alguien de su posición política no puede hacer este tipo de declaraciones, yendo en contra de los derechos fundamentales, sólo por defender una cuestión de justicia social como es el de las mujeres y las violaciones.
Incluso en el PSOE, estas declaraciones han causado cierta incomodidad, porque el argumento, más allá de la buena fe, es indefendible desde el punto de vista del Estado de derecho. En el PSOE justifican a su dirigente explicando que "se dejó llevar por la impotencia" y por la indignación de la sentencia absolutoria de Dani Alves.
Malestar judicial
Mientras, los principales colectivos judiciales y fiscales del país suscribieron un manifiesto conjunto en defensa de la independencia del poder judicial.
En el documento, las asociaciones subrayaron que la autonomía judicial constituye "un pilar básico del Estado de Derecho". Remarcaron que las decisiones judiciales se adoptan "tras examinar minuciosamente las pruebas presentadas, siempre conforme al marco legal establecido".
"Resulta fundamental que las instituciones y cargos públicos muestren consideración hacia la labor de jueces y magistrados, abstiniéndose de realizar declaraciones que puedan menoscabar la credibilidad del sistema judicial", se remarca en la nota.
Las asociaciones reconocieron la necesidad de proteger adecuadamente a las víctimas de delitos, con especial atención a los casos de violencia de género y agresiones sexuales. No obstante, precisaron que esta protección "debe compaginarse con el respeto a los derechos fundamentales de los investigados, manteniendo un balance que asegure justicia en cada situación particular".
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