El juez del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado ha recibido la documentación que solicitó a WhatsApp y Google a través de las autoridades de Irlanda relativa a los mensajes eliminados por Álvaro García Ortiz el día que lo imputaron.
En el auto, el instructor Ángel Hurtado anticipa que parece haber "obtenido la información que le interesaba" y ordena a la UCO que analice la documentación y le dé cuenta de los avances cada 5 días.
En el mismo escrito acuerda la apertura de una pieza separada y establece el secreto de sumario "por tiempo de un mes, en lo que a la práctica de dicha diligencia respecta".
Desde que se le encomendó investigar si García Ortiz filtró información confidencial sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el magistrado Hurtado siempre ha considerado esencial analizar los mensajes que intercambió el fiscal general en los días de la filtración. Concretamente, entre el 8 y el 14 de marzo de 2024.
De hecho, la primera diligencia que ordenó cuando asumió la investigación que hasta entonces se desarrolló en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) fue el registro de los despachos del fiscal general y la fiscal jefa provincial de Madrid, también investigada por revelación de secretos. La UCO procedió a los registros el último 30 de octubre y volcó el contenido de los dispositivos electrónicos de ambos investigados.
El fiscal borró los mensajes y cambió de terminal
El análisis de los mensajes de la fiscal Pilar Rodríguez mostró que, en la tarde de la filtración, García Ortiz reclamó los correos electrónicos intercambiados entre el abogado de la pareja de Ayuso y el fiscal Julián Salto, que investigaba a esta persona, Alberto González Amador, por fraude fiscal. En uno de esos mails, la defensa del empresario reconoció que su cliente había cometido los delitos que se investigaban.
Este es el mail que centra la investigación, en tanto que podría afectar al derecho a la defensa de González Amador. Se filtró minutos después de que llegara a manos de García Ortiz, si bien los periodistas que lo filtraron afirmaron ante el juez tenerlo a su disposición antes que el propio fiscal general.
Si los mensajes de Rodríguez arrojaron luz sobre el interés de García Ortiz en obtener los correos, el análisis del móvil del fiscal general no sirvió para corroborarlo: la UCO no encontró en su teléfono ningún mensaje correspondiente a las fechas indicadas por el juez. Finalmente, el propio García Ortiz reconoció que él mismo los había eliminado y que había cambiado de teléfono, precisamente el mismo día en el que conoció su imputación.
El juez, que ha reprochado en más de una ocasión al fiscal general su falta de colaboración, no cesó en la búsqueda de los whatsapps borrados, y el 20 de enero envió una comisión rogatoria a las autoridades judiciales de Irlanda para que pidieran a WhatsApp y Google que recuperaran los datos eliminados.
Finalmente, WhatsApp ha atendido a la petición y la documentación correspondiente ha sido remitida al Supremo. La información llegó al tribunal este mismo martes "a través de la delegación española en Eurojust".
El juez aclara en el mencionado auto de 4 folios que ha recibido una carpeta zip, y "es preciso que sea analizada mediante el correspondiente informe pericial". El informe lo realizará la UCO, "debiendo informar a este instructor con una periodicidad que no exceda de 5 días del resultado avance del análisis pericial que se vaya realizando".
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