El Gobierno en funciones ha remitido al Tribunal Constitucional dos incidentes de ejecución relacionados con una resolución aprobada por el Parlament en la que se habla de la autodeterminación de Cataluña y se reprueba al rey Felipe VI. El Ejecutivo pide al Constitucional que avise al Parlament del incumplimiento de sentencias del tribunal y avise de las responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir el presidente de la Cámara, Roger Torrent y la Mesa del Parlament.
El Consejo de Ministros ha solicitado al Tribunal Constitucional que advierta a la Mesa del Parlamento de Cataluña que algunas de las resoluciones que aprueba el legislativo incumplen las resoluciones del TC, y le reclama que suspenda varios acuerdos, los declare nulos y aperciba a los miembros de ese órgano de las consecuencias.
El Gobierne se refiere a los artículos de la resolución aprobada en el Parlament el pasado 25 de julio que versan sobre la autodeterminación y la reprobación del rey Felipe VI.
En uno de ellos, el Parlament "se ratifica en la defensa del ejercicio del derecho de autodeterminación como instrumento de acceso a la soberanía del conjunto del pueblo de Cataluña" y se reafirma en "su disposición a ejercer de manera concreta el derecho a la autodeterminación".
Los otros incisos se refieren a la monarquía. El Parlament "reafirma su compromiso con los valores republicanos y apuesta por la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía", "se reafirma en su reprobación de Felipe VI" y "reafirma su derecho de expresar valoraciones y opiniones políticas sobre la actuación y el futuro de la institución monárquica y su compromiso con los valores republicanos".
Para Moncloa, estos incisos vulneran directa y frontalmente sentencias del Tribunal Constitucional por lo que solicita la declaración de nulidad y su inmediata suspensión.
Además, el Gobierno solicita al Tribunal Constitucional que notifique personalmente la suspensión de la resolución impugnada y advierta al presidente del Parlament, Roger Torrent, al secretario general, Xavier Muro, y a los miembros de la Mesa, de su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión, en su caso, acordada, así como de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir las sentencias del Tribunal Constitucional, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir.
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