El Gobierno ha decidido derogar este jueves vía real decreto el artículo de la ley de enjuiciamiento criminal que ponía que cuando un juez presente una cuestión prejudicial a los tribunales europeos se paraliza el proceso en marcha, una medida que, según Junts, iba a dificultar o retrasar la aplicación de la ley de amnistía al 'procés'.
En concreto, ese decreto, que fue aprobado el martes por el Consejo de Ministros y publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), mete una disposición derogatoria única que elimina el artículo 43 bis de la ley.
Dicho artículo decía que se acordaría "la suspensión de las actuaciones" cuando un magistrado plantease una cuestión prejudicial hasta que la Justicia comunitaria resolviera o hasta que se retirara la cuestión planteada. Esto significaba, por ejemplo, que en el caso de que los jueces señalasen una posible colisión de la ley de amnistía con las normas comunitarias podrían ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para resolver sus dudas y, hasta entonces, los casos en los que estuviera planteada la cuestión prejudicial estarían congelados, lo que podría dilatar la aplicación de la nueva ley a dichos casos.
Pero con este decreto 'ley omnibus' queda derogado por el denominado decreto X, por el que se prorrogan determinadas medidas para determinar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y se adoptan medidas urgentes en materia fiscal, energética y social, según pone en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
En su redacción, se indica que la disposición derogatoria únicamente suprime el artículo 43 bis "de modo que sean los órganos judiciales nacionales los que puedan aplicar directamente la jurisprudencia del TJUE, fundamentalmente a partir del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, respecto a las cuestiones prejudiciales que se planteen ante ellos".
Una reforma pactada con Junts
El controvertido artículo se ha tramitado con el mencionado decreto en diciembre con gran celeridad porque, según comentó el Gobierno, era una exigencia de la Comisión Europea para poder recibir cuantiosos fondos europeos. Pero Junts había amenazado con votar en contra, lo que habría supuesto el fracaso del decreto, al creer que ese artículo ponía "en riesgo la aplicación de la amnistía". En una intensa jornada de negociaciones en enero, el PSOE terminó pactando con Junts la supresión de ese artículo, además de la delegación de las competencias en inmigración a la Generalitat y la publicación de los balances fiscales.
En declaraciones a los periodistas en el Congreso, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha dicho que la reforma se pactó con Junts y le ha restado importancia, al pensar que la "práctica jurídica" no va a cambiar cuando se haga una consulta al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
Si (
No(
