El Gobierno de la Comunidad de Madrid se querellará contra la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, tras haber afirmado que en la región se realizó una “gestión homicida” de la pandemia de coronavirus.
Así lo ha anunciado hoy el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García.
“Ante estas declaraciones en las que se imputa un delito al Gobierno de la Comunidad de Madrid y se insinúa que se realizaron malas prácticas de manera intencionada durante el covid, les informo que los servicios jurídicos ya están trabajando en las acciones legales oportunas que presentaremos ante el órgano judicial correspondiente", ha subrayado.
García Martín ha manifestado que “no pueden quedar impunes declaraciones como éstas, que intentan retorcer el dolor de las víctimas y de sus familias”.
Qué dijo Belarra
La líder del partido morado, Ione Belarra, comentó ayer viernes que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, debería estar ahora mismo "en la cárcel" por su "gestión homicida" durante la pandemia.
Belarra lo afirmó durante unas declaraciones efectuadas en el Congreso tras ser preguntada por el famoso documental ‘7.291’ emitido la noche del jueves 13.
La líder de Podemos apoyó su emisión porque considera que RTVE es un "servicio público" y el documental permite "poner las verdades incómodas encima de la mesa".
Tras ello, afirmó: "la señora Ayuso debería estar en la cárcel por la gestión homicida que ha hecho de la pandemia y por todas esas personas que fallecieron de manera absolutamente evitable, aunque ella dijera que iban a morir igual".
Belarra argumentó que "no iban a morir igual, estas muertes eran evitables y esta es la gestión homicida que hace la derecha cuando gobierna".
Qué dijo Ayuso
Ayuso ya exigió antes de la emisión del documental que RTVE se replanteara hacerlo o al menos que se le permitiera añadir material realizado por su gobierno para contrarrestar los argumentos que se iban a incluir, como que el Ejecutivo madrileño tenía un supuesto protocolo que evitó el traslado a centros hospitalarios a ancianos de residencias porque no había ya más plazas disponibles.
La presidenta madrileña expuso sobre el documental se buscaba "retorcer el dolor de las víctimas" y que "todos los mayores de estos centros que requirieron ingreso fueron trasladados a hospitales; no hubo orden que indicara lo contrario".
"Por más que se empeñen las plataformas políticas de la izquierda, la Comunidad de Madrid no tiene conocimiento de peticiones de las víctimas para ser recibidas", insistió.
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