En pleno aumento de las llegadas de migrantes, con 5.300 menores acogidos en Canarias y más de 400 en Ceuta, el Gobierno ha decidido desbloquear este martes el dinero que estaba previsto para la pequeña cantidad de traslados voluntarios aprobados hace poco más de un mes. En concreto, es una partida presupuestaria de 35 millones para la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados en 2024.
El objetivo principal del Ejecutivo, según fuentes del Ministerio de Infancia, es dar un respaldo económico desde el Gobierno Central a los principales territorios de llegada más tensionados. La cantidad que se tiene previsto aprobar este martes en Consejo de Ministros se separa en 2 bloques: 15 millones destinados a Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, además de otros 20 millones orientados a los traslados entre comunidades autónomas que acojan a los menores que vienen de la frontera sur.
Se trata de una partida que está destinada principalmente a los traslados voluntarios, es decir, los 347 aprobados y aceptados por las comunidades autónomas en la conferencia sectorial de infancia que se celebró en julio en Tenerife. En cambio, no está relacionado con los más de 3.000 traslados que, según Canarias, van a ser necesarios desde las islas o los más de 300 que necesitaría reubicar Ceuta.
Recomendaciones del Defensor del Pueblo
Por todo lado, el Defensor del Pueblo ha publicado 4 recomendaciones después de su visita de julio a Canarias: a la Fiscalía, que debe proteger de manera individual a cada menor; le pide al Estado que permita el cambio de los menores solicitantes de asilo a centros de protección de adultos por todo el país. Existen ahora mismo 2.000 menores malienses en las islas, pero el Defensor solicita ese traslado para mayores de 16 años. Ángel Gabilondo ha pedido a Interior la creación de un CREADE, un centro de recepción y derivación de desplazados para que estos menores puedan acceder a documentos de manera inmediata, como se hizo con los ucranianos que llegaron tras la guerra; y a la comunidad canaria que suministre los datos individualizados a la administración del Estado para que pueda documentarlos y derivarlos cuando se pueda. Es decir, que la Consejería canaria pare de dar cifras por bloques como los actuales 2.000 malienses o los 3.000 menores que en los próximos meses van a cumplir 18 años y que si no se les documenta van a cumplir la mayoría de edad y quedarán en situación irregular.
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