La matriz de Glovo ha anunciado que cambiará su modelo en España para dejar atrás los falsos autónomos y comenzará a contratar a riders en plantilla.
Así lo ha informado Delivery Hero en un comunicado precisamente un día antes de que Oscar Pierre, fundador de Glovo, declare en el juicio en el que está imputado por un delito contra los derechos de los trabajadores.
El texto de la compañía ha adelantado que Glovo va a “cambiar de un modelo autónomo a un modelo basado en el empleo para sus repartidores en España” para evitar más "incertidumbres legales", en referencia al periplo judicial por el modelo de falsos autónomos.
"Se espera que el cambio de modelo operativo, limitado al negocio de Glovo en España, tenga un impacto de aproximadamente 100 millones de euros en el Ebitda ajustado para el año fiscal 2025", reza el comunicado.
En el comunicado también han desglosado la cantidad que la compañía tiene apartada para hacer frente a los procesos que tiene abiertos. Unas contingencias que ha cifrado entre 440 y 770 millones de euros para todo 2024. Una horquilla superior a la que estimó a primera mitad de año, cuando estas contigencias se situaban entre 330 y 550 millones.
Esa suma cubre los costes relativos a la Seguridad Social, así como multas, reclamaciones por impuestos y otros cargos hasta 2024 y relativos solo a Glovo España.
Un cambio muy significativo que supone el éxito de la conocida como 'ley rider'.
Regularización de 60.000 trabajadores
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha celebrado el anuncio de Glovo y ha enfatizado que "ninguna gran empresa puede imponerse a la democracia".
“Las normas que hacemos y para quién gobernamos, importa. He dicho en mi país y en la presidencia europea que un joven que transitaba en una bicicleta con un móvil en su mano en una ciudad cualquiera del mundo no era un emprendedor. Hemos hecho normas que así lo disponen”, ha remarcado.
Ha detallado que con este cambio se van a regularizar a 60.000 trabajadores, "el movimiento afiliativo más importante de la historia de España".
Sobre el monto para el fisco, ha calculado que supondrá una inyección de 267 millones de euros entre los ingresos por las afiliaciones así como por las sanciones.
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