El fiscal general denuncia al Supremo por intervenir información que compromete la seguridad del Estado

Nuevo giro de guion en la causa contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, imputado por presunta revelación de secretos.

Hace unos días el Tribunal Supremo autorizó a la Guardia Civil a registrar su despacho y a requisar todos los dispositivos electrónicos para revisar los mensajes y correos relacionados con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Ahora, el fiscal general ha recurrido esta medida por una "manifiesta y notoria desproporción". Según ha informado 'El País', la Abogacía del Estado ha presentado un recurso ante el Supremo remarcando que el registro autorizado y la incautación masiva de correos y dispositivos puede comprometer gravemente la seguridad del Estado dada la información que contienen.

En el escrito han reprochado que las diligencias autorizadas "constituyen seguramente el mayor perjuicio que se ha causado a la Fiscalía General del Estado y a la fiscal jefe provincial de Madrid".

Posible brecha en la seguridad

Multitud de datos que García Ortiz considera de "información sensible" de todas las fiscalías, por lo que la luz verde para requisar dispositivos así como el volcado de todos los datos, incluidos los servidores, podría ser una brecha peligrosa para la seguridad, ha advertido.

Es cierto que el juez acotó fechas y qué tipo de información podía ser utilizada en la causa, pero esta puntualización se hizo cuando la Guardia Civil ya había incautado todo el material y estaba en manos de los investigadores policiales.

García Ortiz se ha convertido en el primer fiscal general imputado. Se le ha acusado de revelación de secretos a raíz de la investigación del presunto fraude fiscal de Alberto González Amador.

El fiscal emitió un comunicado para aclarar que fue la pareja de Ayuso quien pidió un trato a la Fiscalía a cambio de reconocer el fraude y no al revés, como se había comentado. Una aclaración en la que el Supremo no aprecia irregularidades, pero sí en la revelación de correos entre el empresario y la Fiscalía que fueron difundidos horas antes. Una información que por entonces estaba "en poder" del fiscal, motivo por el que aprecia un posible "perjuicio derivado de las revelaciones".

Pese a la acusación, no ha dimitido y el Gobierno le ha mostrado su total apoyo.

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