La fiscalia de Valencia ha dado su aprobación para que se investigue la posible responsabilidad penal de Carlos Mazon en la gestión de la DANA, según un escrito que ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que ha adelantado el diario 'El País'. El ministerio público ha mandado un escrito al TSJCV en el que da su aval para que se unifique la investigación de las 7 denuncias y querellas presentadas hasta ahora contra el presidente del Consell como máximo responsable autonómico.
El TSJCV había dictado una providencia el pasado 13 de diciembre en la que se alegaba que están hablando de los mismos hechos y dio traslado de las actuaciones a la Fiscalía para que, en un plazo de 2 días, sacara un informe acerca de la competencia del tribunal y la admisión o inadmisión de los escritos que han remitido las partes.
De las 7 denuncias y querellas que se han interpuesto, 6 señalan a Carlos Mazón, y también a la ex consellera de Emergencias e Interior, Salomé Pradas.
Delitos de prevaricación, de lesiones y homicidios imprudentes...
Quienes las han interpuesto atribuyen a ambos la comisión de los delitos de prevaricación, de lesiones y homicidios imprudentes, omisión del deber de socorro, daños imprudentes y contra los derechos de los trabajadores, "como consecuencia de la no adopción de algunas decisiones que, a su parecer, hubiesen evitado o mitigado el fatal resultado por el número de fallecidos”, señala la Fiscalía. La Fiscal hace referencia además a que todas las acusaciones se refieren a la “desatención de sus deberes como máximas autoridades" y comentan que "ajenos a los escenarios de alertas y mensajes que se estaban emitiendo por distintos organismos, omitieron el dictado de resoluciones y de decisiones que eran de su competencia".
La Fiscalía cree que debería ser un Juzgado de Instrucción el que llevara a cabo "una completa investigación judicial sobre los hechos acaecidos concretando la intervención, o, en su caso, inacción, de cada uno de los querellados y denunciados". Y así en el caso de que haya indicios de criminalidad suficientes contra el president de la Generalitat, se tendría que elevar petición al TSJCV al estar aforado Mazón por su condición de president de la Generalitat Valenciana.
Por su parte, el Tribunal Supremo tiene registradas, hata el momento, 9 querellas contra miembros del Gobierno de España por delitos como homicidio imprudente y omisión del deber de socorro, entre otros debido a la gestión de la DANA. Estas están dirigidas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por no activar el estado de alarma y tomar el control, y contra la vicepresidenta Teresa Ribera, por su responsabilidad en la Confederación Hidrográfica del Júcar, órgano al que el PP ha buscado derivar la culpa por un supuesto "apagón informativo".
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