La Fiscalía ha dado respuesta este jueves al juez Manuel García Castellón, que la semana pasada inquirió por la aplicación de la amnistía en la causa de Tsunami Democtràtic. A juicio del Ministerio Público, los hechos entran dentro del marco de la ley de amnistía y por tanto "procede declarar la extinción de la responsabilidad penal" y "decretar el sobreseimiento libre" de la causa. En definitiva, el escrito firmado por el fiscal Miguel Ángel Carballo demanda aplicar la amnistía a Marta Rovira y los demás investigados por delitos de terrorismo.
3 de los mismos, Oleguer Serra, Oriol Soler y Josep Capmajó ya habían solicitado al instructor que archivara la causa unas horas después de la aprobación de la ley de amnistía, el pasado 11 de junio. La norma en cuestión marca que se debe amnistiar el terrorismo siempre que no se haya producido "de forma intencionada una grave violación de los derechos humanos", en concreto de los recogidos en "los artículos 2 y 3 de la Convención Europea de los Derechos Humanos".
Siguiendo estas especificaciones, la Fiscalía se ha decantado por archivar la causa de Tsunami dado que "no se aprecia que los hechos hayan causado de forma intencionada graves violaciones de los derechos humanos, en particular los regulados en el artículo 2 y 3" del mencionado convenio.
El instructor García Castellón había reactivado a finales del 2023 esta causa que llevaba años parada. El objeto de la investigación se centraba en las protestas que se celebraron en 2019 bajo el paraguas de la plataforma Tsunami Democràtic y en contra de la sentencia del procés. Al seguir con la instrucción, el juez dijo que "Tsunami Democràtic fue una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia [...] cuya finalidad esencial era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva".
Delitos de terrorismo
En su conclusión llegó a afirmar que las acciones de Tsunami podrían enmarcarse en los delitos del terrorismo, ya que incluían el "bloqueo de infraestructuras críticas del Estado", el Aeropuerto de El Prat. El instructor aseguró que durante las protestas en El Prat había muerto un ciudadano francés y señaló que había que indagar en esa muerte ante la posibilidad de que guardara relación con las movilizaciones.
El ciudadano falleció en una terminal distinta a la que tenía las protestas y, según determinaron los servicios médicos, la muerte fue provocada por un infarto. "Ningún avance se constata en la investigación ni se ha imputado a personas concretas sobre estos hechos", indica el escrito del Fiscal Miguel Carballo. Y sigue: "Respecto de la muerte no se ha acreditado nexo de causalidad con la actividad convocada por Tsunami y desde luego no podría atribuirse en ningún caso con carácter doloso, dada la absoluta imprevisibilidad del fallecimiento.
A lo largo del escrito, el fiscal pone en cuestión el control de Tsunami Democràtic sobre "las consecuencias de los incidentes" y comenta que en algunos casos la plataforma no convocó los actos, sino que "se habría sumado a la convocatoria". Como conclsión, la Fiscalía admite que "resulta manifiesto, sin necesidad de esfuerzo o desarrollo intelectual alguno, que los hechos encuentran acomodo claro en el ámbito de aplicación de la ley".
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