La Fiscalía ha pedido la amnistía para los cerca de 40 empresarios y ex altos cargos del Govern de Carles Puigdemont procesados por los preparativos del 1-O, así como para el ex conseller de Exteriores Raül Romeva, tras casi un año de bloqueo por una discusión sobre competencias judiciales.
En un escrito el Ministerio Público considera que "se compartan o no las motivaciones políticas, ideológicas o incluso filosóficas" de los impulsores de la ley, los procesados por el 1-O deben ser amnistiados dado que sus actuaciones se ciñeron a la financiación y organización del referéndum, por lo que están incluidas en la amnistía.
La Fiscalía deja al margen de la amnistía 2 gastos concretos que cree que no están vinculados con el 'procés': el servicio de limpieza y una auditoría encargados por el consorcio público-privado Diplocat, por lo que pide llevar a juicio a los ex secretarios generales de la institución Roser Clavell y Albert Royo, aunque únicamente por esos contratos.
En su escrito, el fiscal se desmarca de la tesis del Supremo y pide a la Audiencia de Barcelona que amnistíe también el delito de malversación porque, de lo contrario, se dejaría "vacío de contenido" lo dispuesto en la ley.
Por la logística del referéndum el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona procesó a una treintena de altos cargos, entre ellos los ex directores de la CCMA, TV3 y Catalunya Ràdio, Núria Llorach, Vicenç Sanchis y Saül Gordillo, respectivamente; el que fuera director de la delegación del Govern ante la UE Amadeu Altafaj y la ex interventora de la Generalitat Rosa Vidal.
La Fiscalía, en el escrito para la amnistía concluye que los procesados "dirigieron, promovieron y participaron activamente" en la ejecución de una "estrategia" dirigida a la celebración del referéndum, "cada uno de ellos dentro de su nivel de responsabilidad", pese a que había sido suspendido por el Constitucional.
En concreto, detalla que el Govern siguió la estrategia de "diluir la responsabilidad individual", mediante la colaboración de varios departamentos de la Generalitat, "para dificultar cualquier tipo de obstaculización que pudiera provenir del Estado".
Actividades que la Fiscalía considera amnistiables
Entre los actos que la Fiscalía atribuye a los procesados, y que considera amnistiables, figuran la disposición de fondos y recursos públicos para financiar el 1-O, la elaboración de una página web informativa, el aplicativo de registros de catalanes en el exterior, el registro de voluntarios, las campañas de comunicación institucional y las del Diplocat.
Otras de las actividades atribuidas a los procesados y que también deben quedar amnistiadas, según la Fiscalía, son el proceso de nombramiento y comunicación formal de los miembros de las mesas electorales del 1-O, que varias consellerias encargaron a la empresa Unipost, y la elaboración del censo electoral mediante todos los registros públicos de propiedad de la Generalitat.
En este procedimiento estuvieron investigados también los diputados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, ex altos cargos de la conselleria de Vicepresidencia y Economía liderada por Oriol Junqueras, aunque su caso, al igual que el de la ex consellera de Cultura Natàlia Garriga, quedó en manos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al estar aforados.
Con los 3 procesados pendientes de juicio, el TSJC paralizó en julio del pasado año la aplicación de la amnistía a Jové y Salvadó y elevó la ley al Constitucional y a la justicia europea al cuestionar que el delito de malversación deba ser perdonado.
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