En una vista celebrada en el Tribunal Supremo, la Fiscalía ha solicitado que se aplique la amnistía al ex presidente catalán Carles Puigdemont y también a sus ex consellers Toni Comín y Lluís Puig.
Según ha argumentado la Fiscalía, no existen pruebas de que se utilizaran fondos europeos ni se produjera enriquecimiento personal, como inicialmente sostenía el juez Pablo Llarena.
La defensa de Puigdemont, por su parte, ha reiterado que el órgano competente para aplicar esta medida no es el Alto Tribunal, sino el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), dado que Puigdemont ostenta actualmente la condición de diputado del Parlament.
El tribunal analizaba recursos interpuestos por los mencionados líderes independentistas contra la decisión de Llarena, quien desestimó perdonarles el delito de malversación y mantuvo las órdenes nacionales de detención dictadas contra ellos. Tanto la Abogacía del Estado como los representantes legales de los procesados coincidieron en respaldar la solicitud de amnistía.
María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Supremo, defendió que “afirmar que los actos fueron dirigidos a obtener un beneficio patrimonial resulta sorprendente”. Añadió que “ningún testimonio establece que tales acciones estuvieran encaminadas a ese propósito”. Asimismo, destacó que “los fondos implicados pertenecían exclusivamente a la Generalitat” y que “no se registró merma alguna en el presupuesto comunitario”, uno de los principales argumentos esgrimidos previamente para negar la amnistía a los líderes del 'procés'.
Ningún beneficio personal
La Abogacía del Estado compartió este razonamiento, insistiendo en que no consta ningún beneficio personal con carácter patrimonial. Este punto central llevó al abogado Gonzalo Boye, que representa a Puigdemont y Comín, a recalcar que el Supremo carece de jurisdicción en este caso: "La aplicación de la Ley de Amnistía corresponde al TSJ de Cataluña, ya que Puigdemont fue elegido diputado regional". Boye añadió que "no es necesario entrar en debates extensos sobre la validez o no de dicha ley", proponiendo en cambio seguir el criterio del voto particular de Ana Ferrer, magistrada que explicó exhaustivamente por qué debía aplicarse.
El letrado profundizó en su intervención señalando que cualquier resolución tomada por el Supremo podría vulnerar el principio de juez preestablecido por la ley. Esto se debe a que, según él, corresponde al TSJ catalán pronunciarse sobre la situación legal de Puigdemont y sus compañeros.
Durante la sesión también participó Vox como acusación popular. Su representante legal, Marta Castro, defendió que se trató de una financiación ilegal, subrayando que "utilizar fondos públicos con fines políticos prohibidos constituye una infracción grave". Para la formación liderada por Santiago Abascal, estas prácticas justifican mantener las acusaciones vigentes.
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