La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha mostrado a favor de investigar por un presunto delito de estafa a los responsables de Madeira Invest Club (MIC), la oficina de inversión apadrinada por el eurodiputado de extrema derecha Alvise Pérez y que cerró de forma sorpresiva el pasado 16 de septiembre.
Hasta entonces había cautivado a miles de inversores gracias a las desorbitadas rentabilidades que ofrecía, de hasta el 53%, con supuestas inversiones en obras de arte digitales e intangibles y otros bienes de lujo.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) emitió una alerta sobre este club de inversión el 22 de mayo de 2023 y advirtió de que la compañía no estaba autorizada para realizar las actividades reservadas a las instituciones de inversión colectiva.
Tras su repentino cierre, varios colectivos de afectados se querellaron contra la sociedad y "otras personas físicas y jurídicas" relacionadas por delitos de estafa, apropiación indebida, organización criminal, falsedad en documento mercantil o blanqueo.
Ahora, el Ministerio Público reclama que se admitan a trámite estas denuncias y que se acumulen en un mismo procedimiento. También ha reclamado que la causa sea declarada secreta, según ha informado la Fiscalía del tribunal especial en un comunicado.
100.000 euros en metálico
Este procedimiento transcurre en paralelo al iniciado tras la confesión de su fundador, Álvaro Romillo (alias Luis CryptoSpain), que dirigió un escrito a la Fiscalía General del Estado en el que aseguraba haber pagado 100.000 euros en efectivo a Alvise Pérez.
Ese escrito ya está en manos de la representación del Ministerio Público en el Tribunal Supremo, que estudia si pudo existir un delito de financiación ilegal en el cobro de ese dinero en efectivo por parte del ahora eurodiputado.
En su escrito a la Fiscalía, Romillo se ofrecía a liquidar sus bienes para compensar a los inversores, que pueden ser varios centenares y que habrían perdido decenas de millones de euros, de acuerdo a las citadas denuncias.
La denuncia inicial la lanzó la Asociación Nacional para la Defensa del Consumo Español de Servicios (ANCES), que tiene unos 200 asociados y está presente en otros pufos financieros investigados por los tribunales como son el caso Ninmbus, Herrero Brigantina o Juicy Fields.
Esta asociación presentó un escrito en la Audiencia Nacional solicitando la declaración como testigo del eurodiputado y que devuelva los 100.000 euros para resarcir a los afectados por la presunta estafa.
No obstante, fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional han precisado que, al menos por el momento, en ninguna de las denuncias presentadas contra el MIC aparece denunciado Alvise, ni se pide inhibición al Tribunal Supremo (el único tribunal que le puede investigar dada su condición de eurodiputado). Tampoco ha habido ninguna ampliación de la denuncia, de acuerdo a estas mismas fuentes.
Un club de alterne como empresa pantalla
Las conversaciones de Alvise Pérez con Romillo también demuestran que el ultraderechista ofreció al empresario de CryptoSpain como pantalla la estructura del dueño del club Hot Showgirls Madrid, un club de alterne, tal y como ha confirmado 'El Confidencial'.
En dichos mensajes a los que tuvo acceso 'laSexta', Alvise Pérez le envió un IBAN, el cual estaba a nombre de la sociedad Somos Libres SL, con sede en Alicante y cuyo administrador único es Jorge G. P.
Aunque otro negocio que tiene esta persona a su nombre, dentro del Registro Mercantil, es Triple 17 SL., a la cual éste tal Jorge pagaba un total de 7.000 euros por el local.
Asimismo, 'El Confidencial' ha asegurado que fue el 22 de mayo cuando el agitador envió los datos en cuestión a Romillo.
Junto al IBAN, le facilitó un Código Swift, el CIF, el nombre de la empresa y le pidió que en el concepto escribiera "préstamo participativo".
También se incluye una tercera persona como socio de Triple 17 SL: José Manuel Ordovás Fernández, que no sólo es socio, sino que estaba en la lista de Se Acabó La Fiesta al Parlamento Europeo como número 54.
Alvise pretende evitar el delito de financiación ilegal
En menos de 48 horas, Alvise Pérez reconocía a través de un vídeo que cobro los honorarios del empresario de criptomonedas Álvaro Romillo.
"El líder de SALF habría aceptado como autónomo el pago de servicios sin factura mientras criticaba el 'control fiscal' del Estado". Una autoinculpación ímplicita, a la que añade unas declaraciones que él mismo pronunció en el acto organizado por Romillo en el Hipódromo de la Zarzuela al que acudieron 3.500 personas y donde defendió una "guerra de la libertad fiscal contra el Estado-nación que quiere prohibir el efectivo".
Hay que destacar que estos pagos los recibe como "autónomo", pese a que en aquel momento era ya líder de una formación política que se presentaba a unas elecciones europeas.
Una cuestión que a su vez lleva esas críticas al "control fiscal" que asegura hay en España. En concreto, a la ley de financiación de partidos políticos en la que se prohíbe que un partido pueda recibir más de 50.000 euros de un particular, como sería 'CryptoSpain'. La mitad de lo que "habría aceptado" Alvise.
Sin embargo, parece que la pretensión de Alvise es evitar el delito de "financiación ilegal" que observa de forma presunta la Fiscalía tras recibir la denuncia, y las pruebas de Romillo, y así poder alegar uno de fraude o evasión de impuestos, pero como particular.
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