El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha desatado una polémica al ordenar a los fiscales del Tribunal Supremo que participaron en el juicio del 'procés' que soliciten la aplicación de la ley de amnistía para todos los delitos relacionados con el caso, incluido el de malversación.
Sin embargo, los fiscales han mostrado pocos minutos después y de manera pública su desacuerdo, calificando la orden de "improcedente" e "ilegal" y han invocado el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para convocar una Junta de Fiscales de Sala.
En su respuesta escrita, los fiscales han expresado que los argumentos presentados por García Ortiz son "manifiestamente insuficientes" para "legitimar la viabilidad" y el "ajuste a la legalidad" de la orden que insta a la "aplicación incondicional" de la ley.
Según el fiscal Javier Zaragoza, los fundamentos del Fiscal General para aplicar la amnistía a la malversación "no desvirtúan en absoluto" la postura contraria de los fiscales.
Los fiscales consideran que la orden del Fiscal General es "improcedente" y "contraria a las leyes" al no cumplir con los "criterios más elementales" de la lógica jurídica y de legalidad penal necesarios en la interpretación y aplicación de las normas. Además, han señalado que si tras la Junta se les impone la obligación de aplicar la amnistía, ellos no firmarán el decreto, dejando esa responsabilidad al propio Fiscal General o a otro fiscal designado por él.
No hubo "enriquecimiento personal"
En su informe previo, los 4 fiscales del Tribunal Supremo ya se habían opuesto a la amnistía para el delito de malversación, argumentando que los encausados actuaron con ánimo de lucro y que sus acciones afectaron los intereses financieros de la Unión Europea. Además, advirtieron a García Ortiz que, si no compartía su criterio y consideraba que se debía aplicar la ley de amnistía, debería "ordenarlo por escrito de manera motivada y fundada".
En cambio, el fiscal general rebate que esta tesis “contradice” la intención del legislador, que claramente indica que el desvío de fondos “limitado” al referéndum está cubierto por la norma y debe ser amnistiado.
García Ortiz recuerda que el propio Tribunal Supremo ya concluyó que los líderes del procés, aunque actuaron con ánimo de lucro, “no lo hicieron con el propósito de obtener un enriquecimiento personal” cuando determinó que la última reforma de la malversación no alteraba el procesamiento por este delito.
Así las cosas, la reunión de la Junta de Fiscales seguirá en pie para el martes 18, donde se dirimirá este enfrentamiento interno.
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