Feijóo y Ayuso hablan de delincuencia del Gobierno y el PSOE en la cena de navidad del PP

JUECES PARA LA INFAMIA: Ángel Hurtado. Es el magistrado de moda en el Tribunal Supremo. Investiga al fiscal general del Estado por la presunta filtración de un correo en el que el abogado del novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reconocía dos delitos tributarios y buscaba un acuerdo con el Ministerio Público. Para quien no lo haya seguido de cerca, se trata de desentrañar quién, desde la Fiscalía, desmintió con ese correo una información falsa del jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, que mediante otro correo del presunto delincuente campante y confeso (con perdón) venía a decir lo contrario, que le pedían perdón por haberlo mortificado. Las resoluciones que ha tomado este juez Hurtado, como registrar con mucha jarana el despacho del fiscal general o intervenir sus dispositivos electrónicos sin límites temporales o temáticos, han llamado la atención de todos juristas propios y extraños incluso a la Sala Segunda del Supremo, que se preguntan qué es lo que realmente está buscando el magistrado. Hurtado es el mismo juez que, estando en la Audiencia Nacional, es decir, antes de ser ascendido por el Consejo General del Poder Judicial, aquel que estuvo cinco años en la clandestinidad, no vio la relación entre la trama corrupta Gürtel y el Partido Popular, finalmente condenado. Tampoco consideró necesario que Mariano Rajoy (M.Rajoy, por si alguien no lo reconoce por su nombre completo) declarara como testigo en aquella causa. Está por ver hasta dónde quiere llegar con esta investigación al fiscal general del Estado, teniendo en cuenta que las partes personadas quieren que la investigación alcance al presidente del Gobierno. Se admiten apuestas. Juan Carlos Peinado. Es el juez estrella de toda la prensa de la derecha española por haber puesto en su punto de mira a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, lo que sirve al líder de la oposición, Núñez Feijóo, y a la prensa que le jalea, para dar por sentado que el siguiente en pasar por ese trance imputacional será el mismísimo Pedro Sánchez. Peinado, titular de Instrucción 41 de Madrid, admitió a trámite una querella de la organización ultraderechista Manos Limpia pasándose por el arco del triunfo la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el mismo que preside la excelentísima señora Perelló, respecto a la calidad que ha de atesorar una denuncia para poder avanzar en un juzgado español que se precie de serio. A partir de esa primera excentricidad, Peinado no ha parado de cometer disparates procesales, como plantarse en La Moncloa a grabar en vivo y en directo, la declaración como testigo del presidente del Gobierno, negándole su derecho a declarar por escrito, de modo y manera que las partes personadas pudieran a continuación tener acceso al vídeo correspondiente con el que hacer las delicias de la prensa de la derecha. El colmo de los colmos ha sido manipular la respuesta de una testigo, a la que amenazó con empurar por falso testimonio, para que lo dicho por ella le sirviera para imputar a otra persona que le venía bien en su cacería contra Begoña Gómez. Juan José Escalonilla. Titular de Instrucción 42 de Madrid, fue el juez que durante tres años y medio mantuvo viva una causa contra Podemos, el llamado caso Neurona, por el que desfilaron como investigados numerosos cargos orgánicos de esa formación política sin que ninguno de ellos resultara finalmente enviado a juicio oral. No había nada, como se apreció desde el principio, pero la instrucción sirvió para que todos los medios informativos a ambos lados de la trinchera informaran, unos con más regocijo que otros, de la corrupción que anidaba en el partido que señalaba a la casta como responsable de todos los males del país. Aquella instrucción tuvo momentos fulgurantes que, casualmente, venían a coincidir con fechas señaladas en el calendario electoral español, como cuando el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, fue candidato a la Comunidad de Madrid. Escalonilla, qué casualidad, señora presidenta del Supremo, es el juez que instruyó -vamos a llamarlo así- la denuncia contra varios policías municipales de Madrid por un presunto delito de odio por lo que escribieron en un chat del cuerpo. Entre otras afirmaciones que el juez no consideró penalmente reprochables se lamentaban los agentes de que la entonces alcaldesa, Manuela Carmena, ¡anda, de Podemos!, no hubiera resultado asesinada en el atentado de la ultraderecha en el despacho de los abogados de Atocha. Manuel García-Castellón. Quizás sea este juez el paradigma de magistrado al servicio estricto del partido que lo aupó (el PP, cómo no), le otorgó todos los privilegios y lo usó para todas las causas que pudieran perjudicarle. Aplicando la orden de la presidenta del Tribunal Supremo, quizás pueda la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, sacudirse de la demanda de protección del honor (sic) que García-Castellón le ha interpuesto por llamarle corrupto, por lo que le pide 120.000 euros para su jubilación casi-casi forzosa. Si concreta y no generaliza, la señora Belarra podrá explicar al Tribunal Supremo, que es donde se verá esta demanda por ser ella una aforada, lo bien que vivió este magistrado durante las casi dos décadas que el PP lo tuvo transitando en nombre de España los despachos más sandungueros de Europa para, a su regreso a la Audiencia Nacional, demostrar que es un hombre agradecido. A él se le atribuye, entre otros méritos digamos que en diferido, evitar a toda costa imputar a María Dolores de Cospedal por los escándalos en los que se vio envuelta como consecuencia de sus relaciones corruptas con el comisario Villarejo. Beatriz Biedma. Es la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, la que instruye una causa también muy aireada contra el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, que usa el apellido Azagra en su vida artística como director de orquesta. La jueza Biedma admitió a trámite una querella de Manos Limpias (sí, otra vez Manos Limpias) basada en recortes de prensa (otra vez recortes de prensa, en la línea de la vacuidad que rechaza la jurisprudencia del Supremo para admitir una querella a trámite) contra David Sánchez. Se le acusaba en esa querella de disfrutar de un puesto de trabajo de libre designación en la Diputación de Badajoz sin acudir a trabajar, viviendo en Portugal y atesorando de manera sospechosa una fortuna de más de 1,2 millones de euros en acciones. Todo ello gracias a la influencia de su hermano, que en el momento de la contratación no era ni secretario general del PSOE ni presidente del Gobierno. La magistrada Biedma ha tenido el respaldo de la Audiencia Provincial en varias de sus asirocadas resoluciones, no así el de la Fiscalía ni de la Guardia Civil, que en ninguno de sus informes acredita que el puesto de trabajo de coordinador de actividades de conservatorios del que disfruta el señor Sánchez haya sido producto de un trato de favor o un tráfico de influencias. El Ministerio Público ha llegado a pedirle en un recurso que por favor, si puede ser, especifique los hechos y los delitos por los que ha llamado a declarar a David Sánchez y a otras siete personas en calidad de imputados. Si se confirmaran los temores de la Fiscalía, no sería la primera vez que esta jueza vulnera derechos fundamentales de un justiciable. Ya lo hizo en 2019 cuando negó un hábeas corpus a un detenido que había denunciado malos tratos policiales en el momento de su detención. El Tribunal Constitucional dio la razón al demandante y afeó a la magistrada su proceder

Que esta indigente mental haga o pretenda hacer gracia cuando los ladrones se le acumulan en su propia familia, da idea de la putrefacción existente en la sociedad española. Y mucho más, cuando los periódicos airean y ríen sus gracias. Es indignante.