El Rey emérito vuelve a ser el foco de atención por asuntos económicos. Un grupo de ex magistrados del Tribunal Supremo, de ex presidentes de la Audiencia Nacional, fiscales retirados, periodistas, catedráticos y filósofos han denunciado a Juan Carlos I por delitos contra la Hacienda Pública.
Es archiconocido que el emérito ha estado involucrado en negocios opacos y que hace unos años tuvo que hacer una regularización fiscal in extremis ante la investigación del fisco por sus cuentas.
Unas regularizaciones fiscales en las que el ex monarca abonó más de 4 millones de euros para solventar sus declaraciones tributarias de los años 2014 y 2018.
Pero el grupo indicado ha presentado ahora una querella criminal contra el rey por 5 delitos fiscales, pues insisten en que estas regularizaciones hechas entre 2020 y 2021 no cumplen los requisitos legales.
Según ha adelantado RTVE, los denunciantes han subrayado en la demanda que las regularizaciones que el emérito efectuó se hicieron cuando ya se le había notificado hasta en 2 ocasiones de la investigación. "Para que la regularización surta sus efectos despenalizadores tiene que producirse antes de la notificación de inicio de actuaciones por la Agencia Tributaria", han remarcado en la denuncia.
Uno de los ex jueces del Supremo que ha firmado la querella, José Antonio Martín, ha detallado en 'La hora de la 1' que desde la primera notificación hasta la primera regularización pasaron 7 meses.
Piden que el rey acuda a declarar
En 2022 la Fiscalía General del Estado aceptó como válidas las regularizaciones y se archivó el caso, pero el texto presentado ahora muestra la disconformidad con esta decisión.
Además, la denuncia recoge que los órganos judiciales tienen potestad para determinar si las regularizaciones son correctas o si no se han ajustado a la normativa, independientemente de la opinión del Ministerio Fiscal.
"En nuestro sistema procesal la opinión del Ministerio fiscal no cierra la vía para exigir responsabilidades penales ante los tribunales de Justicia mediante el ejercicio de la acción popular", han enfatizado.
Los denunciantes han solicitado además que se llame al emérito a declarar en Emiratos (lugar donde tiene su residencia fijada) además de interrogar a varias personas más relacionadas con la gestión de su fortuna.
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