Estos días ha causado un gran revuelo la anulación de varias penas por el 'caso ERE'. Una investigación que salpicó a multitud de altos cargos de la Junta de Andalucía, liderada entonces por el PSOE.
José Antonio Griñán o Magdalena Álvarez fueron algunos de los condenados por prevaricación, malversación...
Pero hace unos días el Tribunal Constitucional concedió el amparo a Carmen Martínez Aguayo, ex consejera de Hacienda y también confirmó el amparo parcial de la pena a la ex ministra Magdalena Álvarez.
Pero el Alto Tribunal no ha aceptado todos los recursos de amparo sobre este caso y al ex consejero de Empleo se lo ha denegado.
El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha desestimado el recurso de amparo presentado por José Antonio Viera Chacón, condenado por el delito de prevaricación en concurso medial con malversación en el Caso de los EREs de Andalucía.
Falta de desarrollo y justificación de la querella
La sentencia, de la que ha sido ponente la Vicepresidenta Inmaculada Montalbán, considera que la demanda plantea una vulneración de derechos fundamentales pero la queja se expresa en términos genéricos, sin que vaya acompañada de explicación alguna o desarrollo argumental.
El Pleno ha detallado que se trata de un defecto insubsanable porque es deber del recurrente proporcionar al Tribunal la fundamentación jurídica y fáctica que soporte su pretensión.
El Tribunal Constitucional no puede reconstruir de oficio las demandas, por lo que ha concluído en la imposibilidad de contestar quejas que carecen de justificación.
Las sentencias del Constitucional son firmes, por lo que la pena de 7 años impuesta a Viera se mantiene.
Uno de los recursos sobre los 'ERE' que todavía no ha resuelto el Constitucional es el del ex presidente andaluz, Antonio Griñán.
El ex dirigente socialista está condenado a 6 años de prisión por prevaricación y malversación, pero se espera que el Tribunal le conceda el amparo o amparo parcial por los mismos motivos que a la ex ministra.
La sala ha argumentado que tanto la Audiencia de Sevilla como el Tribunal Supremo se excedieron en su control constitucional de la ley de presupuestos, ya que no tenían competencia para determinar si la aprobación de dicha norma constituía este delito.
Se espera que en el mes de julio el Constitucional se pronuncie sobre Griñán, quien ha pedido el indulto en varias ocasiones.
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