El Comité Europeo de Derechos Sociales ha emitido un fallo en el que considera que la regulación española de las indemnizaciones por despido improcedente "no son disuasorias ni reparatorias" y "viola" el artículo 24 de la Carta Social Europea, según ha adelantado este lunes en rueda de prensa UGT, el sindicato cuya reclamación ha motivado esta resolución.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha adelantado este fallo que el Comité Europeo de Derechos Sociales hará público previsiblemente el próximo lunes 29 de julio, y que tiene carácter vinculante para el Gobierno español. El fallo debe servir para "cubrir los daños causados a la víctima".
Por su parte, el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha asegurado que en España la situación es "inaceptable" porque las indemnizaciones medias por despido injusto rondan los 9.000 euros, lo que "no tiene carácter disuasorio ni restaurador". "Despedir sin causa y de manera arbitraria sale demasiado fácil", ha dicho Luján.
Creen que debe cambiarse la ley y proponen abrir una carpeta en el diálogo social para negociar con el Gobierno y los empresarios una reforma del despido improcedente.
"Lo razonable sería que el Gobierno, empresarios y sindicatos pudiéramos sentarnos y ver si merece la pena adaptar a la legislación esta resolución como tiene la obligación España. Depende de la voluntad que tenga el Gobierno y la CEOE, los sindicatos la tenemos", ha trasladado Pepe Álvarez, secretario general del sindicato.
Para Álvarez estamos ante una resolución "histórica" y que "va a cambiar el concepto que se ha mantenido en la legislación española a lo largo de los tiempos". Además, el secretario general ugetista sostiene que si el Ejecutivo decide no cambiar la ley, el sindicato dará la batalla en los juzgados por cada caso de despido, amparándose en la resolución. "No nos preocupa que tengamos que ir litigio a litigio", ha advertido Álvarez.
Disuadir y resarcir
Desde UGT han insistido en que España debe ser "respetuoso" con lo que dice el Comité Europeo de Derechos Sociales, que es que una indemnización por despido improcedente tenga 2 requisitos: un carácter disuasorio, es decir, "que no le merezca la pena al empresario incumplidor saltarse la ley", y un carácter resarcitorio para reparar y compensar el daño causado.
Para Álvarez, se podría hablar de recuperar los 45 días por año trabajado que se derogaron en el año 2012 (en lugar de los 33 actuales) o de otras cuestiones que tengan que ver con el finiquito o de los "abusos" durante el periodo de prueba. "Es una resolución justa, que aporta igualdad, que aporta justicia y que nos va a permitir el poder ir avanzando en ese camino de la estabilidad", ha remarcado Álvarez.
La idea es que no haya una referencia prefijada para que las empresas no puedan saber de antemano cuánto les va a costar cesar a un trabajador de manera improcedente. Así, se pretende disuadir a los empresarios de ejecutar recortes de personal y que el despido sea siempre el último recurso, trasladan desde UGT.
En este punto, ya hay juzgados que han decretado pagas superiores a ese límite amparándose en la resolución del Consejo de Europa. En concreto, mencionan 3 fallos de tribunales superiores de justicia: uno en el País Vasco y otros 2 en Cataluña.
Desde esta central sindical sostienen que, más allá de la indemnización a la carta, una vía para cumplir con la Carta Social Europea podría ser eliminar el tope máximo de 24 meses a las indemnizaciones, plantean también fijar un mínimo de 6 meses por despido improcedente para que no sea tan barato cesar a los trabajadores que llevan poco tiempo en la empresa.
De la misma forma, UGT reclama también recuperar los salarios de tramitación (el sueldo que se deja de percibir desde que se produce el cese hasta que un juez declara su improcedencia) que fueron suprimidos en la reforma laboral de 2012 que introdujo el gobierno del PP. Asimismo, plantean fomentar las reincorporaciones y agilizar las tramitaciones judiciales.
Yolanda Díaz apela al diálogo social
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha asegurado que el despido en España "es un elemento más que va a ser susceptible de reforma" y ha remarcado que se abordará en la mesa de diálogo social y acomodándolo a la legislación europea.
Aunque se prevé que el fallo se haga público el próximo 29 de julio, Díaz ha reconocido que conoce el contenido de esa resolución, que se acomoda a las antecedentes de materias más o menos idénticas ante denuncias que se formularon en otros Estados miembro.
"He de decirles que en el acuerdo de Gobierno está contemplada esta materia y es clave que lo que es fuente de derecho europeo, como hemos hecho en otras materias en nuestro país, forme parte de nuestra legislación", ha remarcado en declaraciones a la prensa antes de visitar la Fundación Laboral de la Construcción.
Sin embargo, las visiones que tienen las 2 alas del Ejecutivo están alejadas. El PSOE es más reacio a tocar el despido, una cuestión que ya se quedó fuera de la anterior reforma laboral para facilitar el acuerdo. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, trasladó el pasado abril que el Gobierno está estudiando la resolución, pero que no la considera vinculante.
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