La administración española suscribió 46 acuerdos con empresas de defensa israelíes por un importe global de 1.044.558.955 euros (más de mil millones) tras el inicio del último conflicto en Gaza.
Son datos del Centro Delàs de Estudios por la Paz (Centre Delàs d'Estudis per la Pau), organismo independiente dedicado al análisis de paz y armamento militar, fundado en 1999.
Según los últimos datos disponibles en la Plataforma de Contratación del Estado, correspondientes al 24 de abril de 2025, 10 de estos contratos permanecían pendientes de formalización definitiva.
Tipo de armas
Entre los acuerdos no materializados destacan dos de especial envergadura: la adquisición de sistemas lanzacohetes SILAM (576,4 millones de euros) y misiles Spike (237,5 millones de euros).
Otras compañías israelíes beneficiarias incluyen IMI Systems LTD, Netline Communications Technologies (NCT) Ltd y Guardian Homeland Security S.A. Justo con IMI Systems se conocía esta semana el contrato para la compra de armas por más de 6 millones de euros, y que ha supuesto una tormenta interna en el Gobierno.
Implicaciones políticas
El Centro Delàs recuerda que organismos internacionales documentaron más de 50.000 víctimas civiles en Palestina desde octubre de 2023, por lo que muchos países cancelaron contratos con Israel.
Por eso, este organismo condena la "contradicción" entre las declaraciones oficiales del Ejecutivo español -que negaba mantener relaciones comerciales con la industria militar israelí- y la "realidad contractual" demostrada en los registros públicos.
Explica que aunque parte de los contratos corresponden a mantenimiento de material preexistente, otros establecen nuevas adquisiciones que profundizan la dependencia tecnológica española de empresas vinculadas a operaciones bélicas cuestionadas. Esta situación genera una red de intereses compartidos entre las industrias de defensa de ambos países.
El caso del contrato de munición para la Guardia Civil resultó especialmente revelador. Pese al anuncio público de su revocación hace unos meses, nunca se iniciaron los trámites administrativos necesarios para hacer efectiva la cancelación.
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